Para analizar con rigor científico la realidad social de nuestra Nación, y no llamarse a confusiones, se requiere pensar y decir las cosas con crudeza, sin etiquetas ni tonos airados.
El fin último y primordial de toda empresa en sociedad anónima no es generar empleos. Su propósito central es generar utilidades. Toda inversión en esencia es meter para sacar más: esa es la realidad.
Más aún: Uno de los mecanismos centrales de esa generación de utilidades es precisamente a través de la reducción del “costo laboral”: cuanta menos inversión se destine al factor trabajo, mayor será el margen de ganancia. Esos son los hechos.
Por eso la Ley, concebida para todos y por el bien de todos, tiene que definir las normas de relación laboral que garanticen todos los derechos humanos de todos, incluida la adecuada remuneración del factor clave e indispensable de la producción: el trabajo de los seres humanos.
En el caso de México, fue nuestra Nación la primera que incluyó los derechos laborales en el Pacto Nacional. En los últimos dos años leemos y oímos de manera reiterada el reclamo de que, para invertir en México, se requiere certidumbre.
Muy deficientes asesorías jurídicas deben haber contratado las sociedades anónimas lucrativas extranjeras que no les pudieron informar que el artículo 28 reza que “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas:… la planeación y control del sistema eléctrico nacional… la exploración y extracción del petróleo…”.
Eso después de impetuosos debates en el Constituyente de 1916-1917 entre figuras tan contrapuestas como el conservador Félix Fulgencio Palavicini frente al revolucionario michoacano Francisco José Múgica, quedaron definidos los artículos fundamentales del Pacto Nacional: tercero, 27, 123 y 130.
Tampoco les informaron que el principio comercial de la libre competencia no es aplicable a la seguridad energética nacional (ni aquí ni allá, ni siquiera en Texas). Quedó claro en el T-MEC. Pero más aún: no les explicaron que en una nación democrática y con separación legal de los tres poderes republicanos, los ciudadanos votan por personas o grupos políticos que se presentan a la ciudadanía con un programa de acción registrado ante la autoridad electoral y que tiene como requisito primordial, y casi único, el de enmarcarse en los valores y ordenamientos constitucionales.
Ante tanta repetición del reclamo de certidumbre, da la impresión de que sus asesores contratados no les explicaron con suficiente claridad cómo y por qué se fundó la Comisión Federal de Electricidad y se construyeron las grandes hidroeléctricas para la electrificación limpia de todo el territorio nacional.
Tampoco les informaron el contenido de los postulados del grupo político que contaba claramente con un creciente apoyo ciudadano y al que todas las encuestas científicas le daban definida mayoría electoral.
En concreto, desde 2004 estaba publicado por la Editorial Grijalbo: Un Proyecto Alternativo de Nación, (p.p. 33-42), que no es sino una adecuación del proyecto original de 1917. Ahí está la certidumbre que reclaman. Mal asesorados.
