La semana pasada se generó una polémica por la solicitud de recuento de votos luego de la jornada electoral del 2 de junio. Una serie de recursos legales fueron interpuestos por varios partidos, de todas las expresiones políticas en diversos procesos, con el fin de garantizar la certeza sobre el voto de las y los jaliscienses, carencia presente y ya característica de este proceso, que no ha terminado.
La polémica destacó luego de que preguntaran al presidente de la República su opinión y sugiriera un recuento, recordando su consigna de 2006 y que propició una reforma electoral que hoy permite que se abran los paquetes y se pueda comparar los resultados del acta con los votos contenidos y recalibrar cuando sea necesario. Una reforma que, insisto, brinda todas las condiciones para mantener el principio de certeza en todo proceso electoral.
Las reacciones fueron casi inmediatas, por parte de las autoridades electorales y personalidades del partido gobernante, además de algunos opinadores, quienes resaltaron que hacer un recuento era necesario, algunos, señalando que con eso se refrendaría un triunfo, otros, que con eso se acabaría con un capricho. Las autoridades por el contrario apuntaron que, en caso de que los tribunales lo determinaban, estaban listos para hacerlo, pues es lo que señala la ley y es un mecanismo previsto en la legislación. Los matices dan la nota y muestran el sentido de cada una de las declaraciones, el mensaje que en realidad se quiere dar, y en este caso específico, cada quién dijo lo que quiso.
Y es que no se trata de un capricho sino de un derecho, como se apuntó, de un mecanismo perfectamente previsto en nuestras leyes, de un paso más en el largo proceso electoral al que cada tres años nos enfrentamos y en que partidos, candidatos, ciudadanía, tribunales, leyes, procedimientos y otros factores coincidimos para garantizarnos elecciones periódicas, certeras, cuyos resultados se conviertan en gobiernos legales y legítimos y sobre todo, en que cada voto sea válido, contado y tomado en cuenta con la seriedad que un sistema democrático y una sociedad como la nuestra lo demanda. En esta misma semana se dio a conocer que, de acuerdo a cifras del propio IEPC faltaban de computar más de 39 mil votos. Se trata de una cifra enorme, de municipios enteros en Jalisco que no tienen esa población y más aún, de miles de electoras y electores que decidieron participar en este proceso, que durante la jornada electoral acudieron a las urnas e hicieron válido su derecho al voto, y que no ha sido tomado en cuenta.
Es algo que, de entrada, no debería tomar ese matiz de rechazo, sino que debería tomarse como lo que es, un derecho a impugnar y a hacer que cada uno de los votos valga igual y que sean considerados en la conformación de ayuntamientos y legislaturas, que simplemente se respete la decisión de estos miles de ciudadanas y ciudadanos, como se hizo valer la de los miles que sí fueron computados. El lugar común nos dice que a cada cabeza le corresponde un voto y que cada voto, sin importar de quién venga, de su condición social o económica, de su sexo o religión, de su preferencia política o sexual, vale lo mismo en una democracia, y que las autoridades responsables de organizar las elecciones deben respetarlo y contarlo, y los tribunales deben salvaguardar los derechos político electorales de todas y de todos.
