Si quisiéramos resumir la gravedad del problema de seguridad en Jalisco bastaría revisar los hechos vinculados al caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno: la facilidad con la que actúa el crimen, el hartazgo de la ciudadanía, el espanto de los mensajes del crimen y el silencio, ese silencio que pinta de cuerpo entero a nuestras autoridades.
Desde que los jóvenes desaparecieron para la actualidad, no ha habido una respuesta siquiera protocolaria que esté a la altura de las circunstancias. Primero un silencio indigno y después un reparto de culpas, una discusión por las atribuciones, un aventar la bolita. Nada de empatía, de acompañamiento. Tarde y mal, a decir que las investigaciones corren y que es culpa de todos, menos del portavoz.
Bastaría recordar que al principio fue la reacción de las familias, apoyadas en colectivos y la brutalidad de las imágenes y videos las que hicieron crecer un tema que las autoridades parecían querer desestimar.
En este terreno no podemos dejar de lado dos cosas: el sufrimiento de las víctimas y la situación fuera de control. Porque el debate de las atribuciones cabe, pero no basta. Porque si el presidente escuchó o no escuchó, se puede debatir, pero es insuficiente. No son disculpas las que urgen, sino acciones.
La tradición de la comunicación política nos tiene instalados en la lucha por dominar el discurso para intentar mantener alejados a los gobernantes del problema y de caracterizar a los adversarios como los responsables. Pero esto no puede, no debe seguir así.
De nuevo, importan las víctimas y la situación fuera de control. Lagos de Moreno, de acuerdo a la base de datos del SISOVID, registra 514 personas desaparecidas desde 2018, una cifra alarmante que resulta inaudita ante su población. Días más tarde de la desaparición se confirmó la localización de restos en una localidad que no resultaron corresponder a los cinco que se han buscado y que hasta el momento no han sido localizados. Es decir, al margen de su identidad estamos frente a víctimas desconocidas en medio de un mar de personas desaparecidas; nuevos casos de personas con derecho a la verdad, a la justicia. Víctimas de un país en llamas, de una fosa común.
Vivimos en un estado lleno de personas por encontrar, de muertes dolorosas y una maquinaria sistemática que desaparece y mata abierta e impunemente.
Durante el fin de semana se realizó una vigilia para orar por la paz y la localización de los jóvenes, uno de los padres dio una declaración triste y desoladora, solo pedía que los dejaran en paz y daban por sentado el peor de los desenlaces para sus hijos. La rendición de la esperanza debe ser una certeza demoledora, provocada tal vez por la falla sistemática de quienes están para garantizar la seguridad, de brindarnos la justicia y la paz que merecemos, que procuramos, que nos han arrebatado como a más de quince mil personas cuyos hogares siguen incompletos.
Dos semanas, y más allá de un reparto abyecto de culpas: silencio. Ni una estrategia, ni una intervención, ni recursos extraordinarios, nada de recuperar el territorio asolado, ya ni una simulación de una mesa, ni una mano tendida a las familias, ni siquiera una lamentación solidaria. Qué sensación de desamparo.
