La deuda histórica que nuestro país tiene con las personas desaparecidas asciende a más de cien mil de ellas, y décadas de dolor que siguen sin terminar. Entre ellas se pueden contar las miles que se generaron durante las décadas de los sesenta y setenta por la llamada “guerra sucia” en que agentes del propio Estado mexicano atentaron contra ciudadanos en gran medida, por cuestiones ideológicas de un régimen que buscó eternizarse y usó la fuerza a su disposición para garantizar su hegemonía.
La desaparición forzada es un gran problema en los países latinoamericanos con antecedentes de gobiernos autoritarios, y la llegada de las democracias pusieron entre sus primeras exigencias investigar y castigar los miles de casos que se registraron y denunciaron.
Desde la alternancia del año 2000 el gobierno mexicano ha tenido avances considerables en la materia, sin embargo, sus efectos siguen presentes en las familias de las víctimas que décadas después siguen esperando justicia y a sus seres queridos.
Existe literatura, documentales y hasta puestas en escena y canciones que repiten más o menos el mismo patrón de conducta: jóvenes, en algunos casos estudiantes o campesinos, que fueron separados de su entorno por agentes del gobierno por ser sospechosos de pertenecer o participar en algún “grupo subversivo” o tener “ideas peligrosas”. Jóvenes, junto con sus padres o tíos, de los que nunca más volvió a saberse algo y que involucra directamente alguna autoridad civil o militar.
El actual gobierno, emanado de una tradición de izquierda, impulsó desde el primer día una política de esclarecimiento y la señal que dio al proponer a la hija de una de las activistas más emblemáticas de la causa fue esperanzadora. Pero la deuda histórica se mantiene y las cifras de desapariciones (contando las forzadas o las que se llevan a cabo entre particulares) sigue en aumento.
En 2019 Daniela Rea y Pablo Ferri se preguntaron por qué mata un soldado en un libro que recopila datos y testimonios de elementos de las Fuerzas Armadas en estado de reclusión en nuestro país. El volumen publicado antes de la incursión de la Guardia Nacional expone casos graves de agentes del gobierno en contra de sus ciudadanos y todo un entramado que asegura opacidad e impunidad a lo largo del tiempo.
Si bien los esfuerzos de la actual administración han mejorado, existen todavía denuncias de casos de uso excesivo de la fuerza y abusos que deben atenderse, sobre todo luego de que se aprobaran leyes en torno a esas materias justo en este gobierno para abordar el problema. México ha cambiado desde los lamentables días de la guerra sucia y una sociedad más plural e informada se organiza ante cualquier caso que antes era normal y cotidiano. Pero, en palabras de Amos Oz, las cuentas aún no están saldadas.
El año pasado el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada emitió un informe a las autoridades mexicanas con recomendaciones para abordar el tema, la cifra de las más de cien mil personas que siguen ausentes en sus casas y cuya ausencia tuvo algo que ver con la participación (u omisión) de alguna autoridad, sea civil o militar es alarmante, más si se le suma la grave situación de seguridad pública que en numerosas ocasiones hemos abordado y que recientemente tuvo su epicentro en Lagos de Moreno.
El Estado mexicano, y me refiero a todo el conjunto de instituciones, órdenes de gobierno, corporaciones de seguridad, fuerzas armadas y sus agentes, deben de poner todo su esfuerzo en garantizar justicia a las víctimas de desaparición forzada y sus familias que, un año más conmemoran su lucha.
Ese mismo Estado es también el responsable de fortalecer una serie de leyes e instituciones para hacer de esa justicia algo posible y concreto y asegurar a todos y cada uno de las y los mexicanos las garantías y derechos que nos siguen haciendo libres e iguales, pero sobre todo, el Estado mexicano debe emprender una lucha adentro de sus propias entrañas para perseguir y encarcelar a quienes usaron esa fuerza del Estado para atentar contra sus propios conciudadanos y con esto, saldar las cuentas y pagar la deuda de miles de personas que siguen esperando respuestas de quienes aún no las brindan.
