
En las últimas 5 décadas, los gobiernos de todas las regiones han suscrito diversos acuerdos y compromisos internacionales para la protección del medio ambiente global. La implementación de dichos compromisos ha motivado la introducción de leyes y autoridades ambientales en todos los países y, en muchos casos, también marcos especializados para enfrentar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el manejo de residuos y sustancias químicas. Asimismo, ha evolucionado de forma notable la investigación y el conocimiento científico sobre la calidad de los medios físicos y la capacidad de carga de los ecosistemas.
Sin embargo, ni los acuerdos internacionales ni la acción de gobiernos han frenado el deterioro del medio ambiente global. Las emisiones de gases de efecto invernadero se han duplicado desde 1992, año de adopción de la Convención de Cambio Climático. También hemos perdido el 80% de la biomasa de especies silvestres y la mitad del área de los ecosistemas como resultado de la deforestación, contaminación y urbanización acelerada. Más de un millón de especies en el mundo están en peligro de extinción.
La sociedad es cada día más consciente de los retos ambientales y exigen a líderes y empresas un mayor compromiso. Los electores comienzan a priorizar la responsabilidad ambiental como uno de los criterios para elegir a los candidatos. Los jóvenes organizan marchas y utilizan activamente las redes sociales para exigir la transición hacia sistemas económicos y políticos más respetuosos con el entorno. Cuando los gobiernos y empresas no aplican las leyes ambientales a la altura de las expectativas sociales, los ciudadanos utilizan las cortes para reforzar sus acciones.
La transición avanza muy rápido en el sector financiero donde los inversionistas exigen a empresas y administradores de activos descarbonizar portafolios de inversión e incorporar perfiles ambientales y sociales en las juntas de consejo. Por ello, los mercados de capital están ajustando sus modelos de riesgo para considerar los costos ambientales de los proyectos de inversión. De acuerdo con el Reporte de Riesgo Global 2022 del Foro Económico Mundial, los riesgos ambientales y climáticos son percibidos como los riesgos más apremiantes de los próximos 10 años.
La crisis post-COVID presenta un punto de inflexión en el que gobiernos y empresas deberán definir entre modernizarse y transitar hacia patrones más sostenibles o perpetuar modelos de crecimiento ineficientes y de corto plazo. Las empresas que se muevan primero en esta transición inminente se posicionarán como líderes en sus respectivos segmentos porque reducirán costos, atenderán regulaciones emergentes, generarán valor adicional para los accionistas y aprovecharán nuevos nichos de productos y condiciones más favorables de financiamiento.
Las empresas que priorizan la sustentabilidad en el centro de sus estrategias de negocio requieren la medición continua de sus intervenciones. En las últimas tres décadas se han desarrollado diversos principios, estándares y marcos para el reporte de indicadores de sostenibilidad empresarial. Esta información ofrece oportunidades para mejorar la calidad de procesos y productos, fomenta la innovación y refuerza la eficiencia corporativa.
Desde 1999, el Índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI, por sus siglas en inglés) ha evaluado el desempeño de miles de empresas que cotizan en el mercado de valores. Hoy éste índice se ha constituido como uno de los estándares más reconocidos para medir las prácticas de sostenibilidad corporativa. El DJSI se basa en el análisis ambiental, social y de gobernanza (ASG) de las empresas, evaluando variables como gestión de riesgos, cambio climático, biodiversidad, prácticas laborales, derechos humanos y responsabilidad comunitaria, entre otros. Sus criterios de selección se ajustan cada año para motivar mejoras en las métricas de las empresas que buscan permanecer en el índice.
En 2021, el referido índice generó una medición específica denominada DJSI MILA, para 68 empresas de la región, con sede en México, Perú, Chile y Colombia. De este total, 24 son mexicanas, y solo 9 han logrado estar presentes en el índice cada año, desde su lanzamiento en 2017: Grupo México, Cemex, Coca-Cola Femsa; Fibra Uno Administración; Grupo Financiero Banorte; Grupo Rotoplas; Grupo Televisa y Prologis Property México.
Algunas de las industrias, a las que pertenecen estas empresas, como la minería y la construcción son estigmatizadas por sus impactos en el medio ambiente, otras por el uso irracional de recursos y generación de residuos, otras por financiar o patrocinar proyectos contaminantes. Sin embargo, las empresas con visión de futuro transforman sus modelos de negocio hacia nuevas formas de relacionarse con su entorno y con la gente.
En el marco de la crisis de la pandemia, estas industrias se han vuelto esenciales para las economías locales y nacionales. Al continuar operando, permitieron la preservación de miles de empleos, en un momento en el cual millones de personas perdieron su trabajo. Los bienes y servicios provistos por estas industrias constituyen la base de la capacidad productiva y exportadora de México, generan empleos y fomentan desarrollo económico y social. Las empresas que hoy destacan en DJSI MILA demuestran que no sólo son competitivas por su eficiencia operativa y rentabilidad, sino además por su liderazgo para cumplir con los compromisos internacionales de cambio climático y desarrollo sostenible.
Enrique Lendo es especialista en temas económicos y de desarrollo sustentable.
@EnriqueLendo