Una entre todas las propuestas que han surgido a raudales por voz de Manuel López Obrador, para el ejercicio del gobierno en México, externada con más amplitud por la futura secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, se refiere a la posible legalización en el cultivo y uso de la marihuana en nuestro país.
Ya de manera coloquial López Obrador al poco tiempo de saberse triunfador de la contienda electoral comentó a Sánchez Cordero que si la citada legalización era de utilidad para la pacificación del país, esta sería bienvenida.
Una de las vías iniciales para el proceso de liberación del estupefaciente, puede ser el establecimiento de una normatividad con reglas claras, exclusivamente para la realización de un cultivo y consumo de manera individual; esto lo afirmo basándome en el antecedente de la concesión ya aprobada mediante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a unas cuantas personas, entre ellas al actual Senador de la República Armando Ríos Piter, para su empleo medicinal y recreativo.
Esta vía señalada es importante y benéfica para los adictos porque los liberaría de las redes del narcomenudeo y disminuiría la violencia social ocasionada por la pugna por el control de las plazas de venta por parte de los cárteles de la droga.
A favor de la salud pública, los interesados, al entrar en un programa sobre las adiciones a la mariguana, tendrían que cumplir con ciertas condiciones sobre los límites en su producción y consumo, así como atenderse médicamente como drogadictos para que de manera progresiva abandonen su adicción, y al mismo tiempo hacer tareas de servicio social comunitario a favor de la población en la prevención de todo tipo de adicciones.
La legalización de la mariguana para su uso medicinal y recreativo en Uruguay sorprendió al mundo; más como dice el dicho “ya salió el peine” porque debido a la disminución del mercado de la droga de manera clandestina, se han generado tensiones por el control de los puntos de venta legalmente establecidos, mismo que ha causado homicidios vinculados a los ajustes de cuentas entre los narcotraficantes.
Se ha calculado que en la República del Uruguay el mercado en el consumo de la mariguana tiene el valor aproximado de cuarenta millones de dólares anualmente, de los cuales solamente diez millones de dólares han pasado ya al sector legal de la economía.
