En un México ficticio, el periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo. La censura y la violencia son herramientas comunes utilizadas por el crimen organizado y ciertos sectores gubernamentales para silenciar voces disidentes.
Historias de periodistas desaparecidos o asesinados tras investigar la corrupción son frecuentes y alarmantes. La verdad es un bien escaso y peligroso. Los periodistas que se atreven a investigar y exponer la corrupción enfrentan represalias que pueden llegar hasta la muerte. La influencia del crimen organizado en las esferas de poder complica aún más la situación, creando un ambiente de miedo y autocensura.
Los periodistas en México también enfrentan peligros significativos, especialmente aquellos que cubren temas relacionados con la corrupción, el crimen organizado y las campañas electorales. México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con más de 100 periodistas asesinados desde el año 2000, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Además, numerosos periodistas han desaparecido y muchos más han sido objeto de amenazas, intimidaciones y ataques físicos. Estos ataques no solo buscan silenciar a los medios de comunicación, sino también socavar la libertad de expresión, un pilar fundamental de la democracia.
A pesar de los riesgos existen esfuerzos para proteger a los periodistas y garantizar su derecho a la libertad de expresión.
Las redes sociales y las plataformas digitales ofrecen nuevas vías para la diseminación de la verdad, pero también presentan nuevos riesgos. La tecnología ha permitido a algunos periodistas eludir la censura, aunque esto los expone a nuevos tipos de vigilancia y represalias.
En un entorno donde hablar puede ser sinónimo de muerte, la ética periodística enfrenta dilemas sin precedentes. La autocensura surge como un mecanismo de supervivencia, pero al mismo tiempo socava los principios fundamentales del periodismo. La lucha por mantener viva la llama de la verdad es constante y ardua. Esta violencia tiene profundas implicaciones no solo para la seguridad de las personas involucradas, sino también para la integridad del proceso democrático en el país.
Una de las manifestaciones más alarmantes de la violencia electoral en México es el asesinato de candidatos políticos. Estos ataques son un intento de influir en el resultado de las elecciones mediante la eliminación física de los competidores. De acuerdo con datos del último proceso electoral presidencial en México, en 2018 se registraron al menos 152 agresiones directas contra políticos, incluyendo 48 candidatos o precandidatos asesinados desde el inicio de las campañas hasta la fecha de las elecciones. Este nivel de violencia no tiene precedentes en la historia reciente de México y subraya los riesgos que enfrentan aquellos que se atreven a participar en la arena política.
La violencia electoral y contra periodistas tiene profundas implicaciones para la democracia mexicana. En primer lugar limita la participación política al crear un ambiente de miedo y riesgo para quienes desean involucrarse en procesos electorales o cubrirlos como periodistas. Esto puede llevar a un escenario en el que solo los candidatos respaldados por grupos poderosos o aquellos dispuestos a arriesgar su vida pueden participar efectivamente en la política. En segundo lugar, la violencia contra periodistas socava la libertad de prensa, limitando el acceso de los ciudadanos a información independiente y crítica que es esencial para tomar decisiones informadas en las urnas.
Frente a este panorama es crucial que las instituciones electorales y de seguridad, la sociedad civil y la comunidad trabajen juntos para proteger a los candidatos políticos y periodistas.
La construcción de un Nuevo León, país y Estado mexicano más seguro y democrático requiere el compromiso y la acción conjunta de todos los sectores de la sociedad.
A través de esfuerzos concertados para que se pueda hacer campaña sin miedo a la violencia y sin miedo a informar libremente.
