Esta semana se cumple el primer aniversario desde que la Fiscalía General de Justicia estatal permanece acéfala, con solamente un encargado del despacho, Pedro Arce. La Fiscalía tiene una estela de conflictos, desde los propios como dirigir la persecución del delito, hasta los polarizados en la arena política de los diferentes poderes.
Desde que Gustavo Adolfo Guerrero renunció el 5 de octubre del año pasado como titular de la Fiscalía hace casi un año, la institución ha estado bajo la supervisión de Pedro Arce, quien fue nombrado como encargado del despacho por el Congreso. Sin embargo, esta figura no cuenta con todas las atribuciones necesarias para liderar plenamente la Fiscalía, lo que ha generado un vacío de poder en una institución crucial para la administración de justicia en Nuevo León.
El inicio de esta crisis en la Fiscalía puede rastrearse hasta el trágico feminicidio de Debanhi Escobar, cuya muerte generó una presión inmensa sobre la dependencia.
La renuncia de Guerrero fue una respuesta a las crecientes demandas de justicia y transparencia en la investigación de este caso, y desde entonces la Fiscalía ha enfrentado numerosos obstáculos para recuperar la confianza de los ciudadanos y restablecer su funcionamiento adecuado.
Uno de los desarrollos más notables durante este año ha sido la postulación de Adrián de la Garza, ex procurador, ex alcalde de Monterrey y ex candidato a la gubernatura, como aspirante a fiscal. Su registro causó tensiones entre diputados del PRIAN y el propio gobernador, lo que desencadenó una serie de amparos, controversias y el veto de Samuel García a su nominación. La dirigencia estatal del PRI, por su parte, ha sostenido que De la Garza Santos es el candidato idóneo para liderar la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.
Sin embargo, la postulación de De la Garza también ha estado marcada por una serie de investigaciones en su contra. Se han abierto cientos de carpetas de investigación, incluyendo una relacionada con su sistema de vigilancia en el C4. La denuncia al respecto se encuentra en la Fiscalía General de la República y menciona a De la Garza, su hijo Emilio Adrián de la Garza, Antonio Rodríguez Beltrán (ex tesorero y ex alcalde sustituto) y Nino Paolo Ferrari (miembro de Prestadora de Servicios Murata, una empresa proveedora de administraciones priistas). Estas acusaciones han arrojado una sombra de duda sobre la integridad del candidato a fiscal.
El enfrentamiento político entre el gobernador Samuel García y Adrián de la Garza, que se asemeja a una rivalidad personal, ha exacerbado aún más la situación. Esta pugna por el poder ha llevado a un estira y afloja entre ambos, con consecuencias potencialmente perjudiciales para la estabilidad política en Nuevo León. La lucha por el control de la Fiscalía se ha convertido en un reflejo de la polarización política en la región, con el PRI y el PAN tratando de aferrarse al poder a toda costa.
La complicidad percibida entre el PRI y el PAN, conocida como PRIAN, para retener el control de la Fiscalía de Nuevo León ha generado preocupación entre aquellos que buscan un equilibrio de poder en la región. Sin embargo, esta lucha de poder entre las dos principales fuerzas políticas no ha hecho más que agravar la crisis.
Esta misma semana en MILENIO, Javier Navarro Velasco, secretario General de Gobierno, acusó a la oposición (PRI y PAN) de adueñarse de la Fiscalía General de Justicia del Estado: “El tema de la Fiscalía se resolvería muy fácil, si no fuera porque el PRIAN piensa que es el dueño de ese organismo”.
En la Fiscalía continúan sin un(a) líder que persiga la delincuencia sin importar el color partidista, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de la administración de justicia en Nuevo León.
La falta de una cabeza visible ha generado preocupaciones sobre la capacidad institucional para abordar los problemas que aquejan al estado en materia de seguridad y justicia.
En tanto, la justicia puede esperar.
