La aparición de la ómicron, nueva cepa del coronavirus, que a decir de los expertos, se transmite más rápido que la delta, aunada al hecho de que en algunos países se han establecido medidas para obligar indirectamente a que todos se vacunen; por ejemplo, para la permanencia en el empleo o en la contratación de un empleo, para viajar en avión, asistir a partidos de futbol, etcétera, ha traído consigo el debate entre juristas y no juristas sobre si es legal y constitucional que se exija a todos, sin ningún tipo de consideración, que se vacunen contra el covid-19.
Por su parte, quienes se resisten a inocularse argumentan que es un derecho humano de cada persona decidir si se vacuna o no; y, en segundo, que la vacuna no tiene nada que ver con ningún virus; que se trata más bien de un arma mortífera creada por los “globalizadores”, impulsados por motivos demográficos y políticos, con miras a acabar con una buena parte de la población mundial, sobre todo con tantos viejos que ponen en crisis a los sistemas de jubilación en el mundo.
El primero de estos argumentos es infundado, pues si bien es cierto que la libertad, uno de los principios en los que se fundamentan los derechos humanos, consiste en la facultad del gobernado para elegir, también lo es que, debido a que el “hombre es un ser con otros”, hay cosas en las que lo que un individuo decida tiene que ver con los otros, como es el caso de decidir no vacunarse contra el coronavirus, razón por la cual la libertad, para que sea tal, se necesita que quien la ejerza sea de una manera bien informada, consciente y responsable.
Ahora bien, respecto a que millones de personas ven en la vacuna contra el coronavirus un acto de conspiración de todos los jefes de Estado del mundo contra los gobernados, sin duda se trata de un disparate.
Lo que debería tomarse muy en cuenta, es que, aunque se trate de un simple disparate motivado por miedo, éste gana cada vez mayores adeptos; razón por la cual, aunque no es cierto que se trata de un derecho humano decidir no vacunarse, no sería conveniente recurrir al poder legítimo del Estado para obligar a todos a que se vacunen, como ocurre en algunos países asiáticos.Hay que tratar de convencer, no de vencer; pero eso sí, creo que sí sería conveniente imponer mayores restricciones de movilidad a personas que han decidido no vacunarse, lo cual, dado las circunstancias, no sería antijurídico.
Efrén Vázquez Esquivel
