Que con el argumento y la narrativa de que es inexistente jurídicamente el Consejo Universitario de la UAP, porque su vigencia caducó en marzo pasado, y el voto electrónico es ilegal para elegir rector ya que vulnera el principio del voto universal, surge un presunto grupo universitario disidente. Circula en redes sociales un documento de posicionamiento e invitación a académicos, estudiantes y administrativo para integrarse al supuesto Frente Democrático Universitario (FDU) “ante el riesgo de la estabilidad” de la Universidad. Hay “mano negra” y la narrativa utilizada es muy obvia hacia dónde la dirigen. ¿Será?
Que la empresa RESA, que tiene la concesión del relleno sanitario de Chiltepeque por parte del empresario José Abed, reclama su derecho de audiencia al Cabildo poblano para ser escuchado, ya que lo dejaron en estado de indefensión ante el acuerdo del 15 de julio de retirarle el contrato que vence el 31 diciembre de 2022. David Carmona Sánchez, representante legal de RESA, presentó un recurso de inconformidad para solicitar al síndico municipal, Gonzalo Castillo Pérez, se deseche ese informe; al tiempo, hay sospechosísmo del activismo de las regidoras Augusta Díaz de Rivera y Luz del Carmen Rosillo Martínez.
Que Gerardo Oviedo justifica que los payasitos trabajen en el Zócalo y bueno, sí es cierto que uno tiene derecho a trabajar, siempre y cuando el Imacp no deba pagar. Varios ex talleristas del Teatro José Recek Saade no regresaron a sus clases por la falta de garantías de contrato y pago justo. Aunado a ello, los participantes del encuentro “Letras en Fuga” tampoco recibieron su pago y el ahora subdirector de Fomento a la Lectura, José Rodolfo Morales, dijo al organizador del evento que “si no hubieras enviado una copia de tu queja a la presidenta municipal”, se les hubiera liquidado a los poetas, por lo que se lavan las manos.
Que elementos militares y de la Fiscalía General del Estado (FGE) mantenían hasta ayer una presencia en el acceso principal del Parque Industrial Puebla 2000, en espera de una presunta orden judicial para ingresar a este complejo industrial donde se ubicó por GPS un auto de lujo robado.
