Que hoy es el gran día. Se llevará a cabo el debate entre Alejandra Del Moral y Delfina Gómez en el Instituto Electoral del Estado de México, árbitro que hasta la fecha ha marchado muy bien haciendo su trabajo sin dar pie a que, al calor de la contienda, alguien logre ponerlo en entredicho. Sin embargo, los equipos políticos en disputa hasta ayer no cesaban de lanzarse mutuas acusaciones que, vaya usted a saber, quizá tengan repercusión en el evento de hoy, donde han insistido que privará el respeto. A ver.
Que el Partido Revolucionario Institucional denunció ayer que los gobiernos municipales de Tecámac, Acolman y Nezahualcóyotl distribuyen despensas a las familias de sus localidades, “a pesar de que la legislación en materia electoral prohíbe el despliegue masivo de programas sociales”, y es que, como en los mejores tiempos del tricolor, los morenistas se han dado vuelo con este tipo de subsidios, y en imágenes pueden apreciarse las camionetas descargando cientos de paquetes.
Que, en respuesta, el partido de la 4T asegura que sobre este tema el PRI “difunde información de manera perversa, en busca de confundir a la gente”. Los programas sociales, argumentan, “son legales, pues la normatividad electoral establece el 27 de abril para suspenderlos” y recordaron que en su momento la disposición fue refrendada por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local, Elías Rescala Jiménez. Así las cosas en el frente de batalla.
Que el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Javier Sauza Martínez, advirtió que la iniciativa de Reforma Administrativa presentada por el gobierno federal “podría ser inconstitucional y afectar el Estado de Derecho, además de incrementar los actos de corrupción”.
El líder empresarial desliza que, cambiar las normas, sería un mensaje de incertidumbre “y podría haber un retroceso en legalidad y claridad reglamentaria” que inhibirían nuevas inversiones. ¿Habrá oídos sordos?
