Que es cierto que la iniciativa de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato derivada de recomendación emitida por integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se encuentra en la etapa de recepción de opiniones y observaciones de autoridades y organismos autónomos involucrados para después realizar mesas de trabajo.
Pero solo dos de trece organismos a los que se les solicitó la opinión han contestado, entre ellos están el Poder Judicial, la Secretaría de Finanzas, la Coordinación General Jurídica del gobierno del estado, organismos autónomos y la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, lo que preocupa es que quedan 15 días para que el primer plazo se cumpla.
Que este fin de semana como lo adelantamos el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato revocó la decisión del IEEG quien rechazó el registro de Juan Miguel Ramírez como aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Celaya, con lo que se espera que tan pronto como hoy se haga efectiva su inscripción.
El tema es que al haber reconocido el propio candidato que realizó actos de campaña sin estar registrado podría ser sujeto de denuncia por actos anticipados de campaña que le podrían costar la elección. La que también presentó un juicio para la protección de sus derechos político electorales fue Bárbara Botello, tras ser negado el registro por no representar a los pueblos originarios.
Que en lo referente a la seguridad de los candidatos nos confirman que por el lado del IEEG son 60 solicitudes de protección que engloban a 113 candidatos la mayoría de ellos son postulaciones a alcaldías mientras que por el INE han recibido 186 peticiones 36 de aspirantes a cargos federales y 150 a cargos locales.
Lo que es cierto es que es una gran cantidad de personal en la seguridad de aspirantes y nos da una idea de lo que es la realidad del ciudadano común, pues imagine si cada víctima de extorsión solicitara protección.
