Se van a cumplir dos años del cobarde asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez. Su cuerpo quedó tendido en el pavimento a solo unos metros de las oficinas de Ríodoce, su semanario. Antes de que lo privaran de la vida investigaba sobre la lucha de poder entre dos grupos del cártel de Sinaloa, considerado uno de los más poderosos del mundo.
Uno de sus presuntos asesinos, Heriberto "N", está vinculado a proceso desde abril de 2018. En la audiencia donde el juez tomó esta determinación, los fiscales insistieron en que el homicidio estaba ligado a su práctica periodística y sus recientes publicaciones.
La muerte de Javier fue notoria porque su legado es considerable, por sus investigaciones y el riesgo que tomó durante toda su cobertura sobre la situación del narcotráfico en Sinaloa. Murió solo un par de meses después de que fuera asesinada Miroslava Breach en Chihuahua, por sacar a la luz las conexiones entre el narcotráfico y la selección de candidatos en el estado del norte.
Pero luego de estas muertes ha habido más; ejercer el periodismo en México sigue siendo un oficio de alto riesgo. El periodo de Enrique Peña Nieto cerró en 47 decesos y solo en 2019 son cinco las vidas que han terminado: Santiago Enríquez, Samir Flores, Rafael Murúa, Alejandro Márquez y Santiago Barroso.
Los mecanismos de protección siguen sin funcionar del todo, hay una gran cantidad de periodistas desplazados de sus lugares de origen; refugiados en otras entidades y sin tener garantías para seguir ejerciendo su labor.
Existe un protocolo nacional, pero éste no tiene paralelo en muchas de las entidades federativas, Nuevo León es un ejemplo de ello. Si bien existe una iniciativa presentada por el coordinador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, aún no hay consenso entre los legisladores para establecer un mecanismo local.
Hay mesas de trabajo y diálogo, pero el periodo ordinario de sesiones está por terminar sin que parezca que este tema se vaya a llevar al pleno,
¿qué esperan los diputados? Hay un problema evidente, hay una propuesta y un andamiaje legal que puede ser utilizado para establecer un mecanismo estatal, ¿qué les falta?
Twitter:@dameluna
