El presidente electo siempre ha dicho que “no se puede apagar el fuego con fuego”, tomada literalmente es un aserto, y aunque él sostiene que para disminuir la violencia y la inseguridad es más importante portarse bien, no delinquir, no reprimir, legalizar algunas drogas, becar a 2 millones 600 mil jóvenes, expedir una constitución moral y recuperar la unidad de las familias, esas propuestas, siendo muy buenas, no son suficientes como acciones concretas de un gobierno.
Nadie pone en duda que el próximo presidente quiere reducir la criminalidad y lograr que la sociedad mexicana recupere algo de paz y seguridad, pero las medidas que anunció requieren de algo más que buena voluntad y optimismo.
Andrés Manuel López Obrador ofrece dos tipos de acciones, por un lado su “filosofía”, que él define como “humanista y justiciera”, se basa en el buen deseo de que para erradicar la inseguridad y la violencia es necesario combatir la pobreza, fortalecer valores morales y espirituales, acabar con la corrupción, recomponer el tejido social fortaleciendo a la familia y atender a los jóvenes; discurso que no se corresponde con el hecho real de que la parte policiaca se reforzará con un ente cívico-militar que se denominará Guardia Nacional.
Esta propuesta se suma a los varios programas que se han venido implementando en los últimos veinte años en materia de seguridad pública, Zedillo creó una Secretaría de Estado en ese ramo, dependencia que tuvo una vida tan accidentada como efímera pues en sólo dos décadas nació, murió, y ahora está a punto de revivir, después se transfirieron sus atribuciones a la Secretaría de Gobernación, se creó un Consejo Nacional, se anunció que se formaría una Gendarmería Nacional y que se unificarían todos los cuerpos policiales del país, pero en los hechos no se concretaron esos anuncios y la delincuencia creció de manera exponencial.
El nacimiento de esa Secretaría y la creación de ese nuevo órgano que se llamará Guardia Nacional, implica que en ese sector habrá un doble alumbramiento, y aunque de ese parto no surgirán dos almas gemelas, el hecho de que van a nacer al mismo tiempo provocará (de manera inevitable) enfrentamientos institucionales que pueden llegar a pugnas de tipo personal entre sus jefes.
De ahí la necesidad de que queden bien definidas las funciones de cada organismo, sus asignaciones presupuestales, definición de mandos, reglas de coordinación entre ambas, regulación del personal asignado, y cómo tendrán que aprender a caminar juntos, esperemos que sus primeros pasos vayan orientados a fortalecer las tareas de seguridad y no a establecer una lucha política o administrativa para determinar cuál de los dos órganos será más importante tomando en cuenta sus atribuciones, acciones, recursos, poder de mando y ejecución.
El (presidente) López Obrador sostiene que el concepto Guardia Nacional ya se encuentra en el texto de la Constitución, y es cierto, en el artículo 31-III se establece como una de las obligaciones de los mexicanos “alistarse y servir en la Guardia Nacional… para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior”, sin embargo, la figura que se pretende crear difiere mucho de esas funciones, y con excepción de la situación que se vivió en el país en 1942 cuando México se incorporó como parte bélica a la Segunda Guerra Mundial dicho cuerpo no se ha convocado ni está debidamente regulado.
La definición de cuál será su personalidad jurídica, el carácter administrativo que tendrá la Guardia
Nacional, si será parte o no de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional o si será un ente autónomo, así como su estructura, atribuciones, funciones territoriales, la relación que tendrá con la nueva Secretaría de Seguridad, con la ya próxima Fiscalía General de la República, relaciones de colaboración o de supra ordenación que tendrá con las policías estatales y municipales, se conocerá una vez que se presente la iniciativa de reformas constitucionales en el Congreso de la Unión. Después de que éste y las legislaturas locales aprueben esas reformas constitucionales se tendrá que expedir su Ley Orgánica.
Mientras tanto, de manera más que oportuna, la Suprema Corte invalidó la Ley de Seguridad Interior
por considerar que la intervención del Ejército en tareas policíacas excedía lo dispuesto en el marco
constitucional, esta resolución ayudará para que se precisen con claridad las tareas que en el futuro desarrollarán las fuerzas armadas en materia de seguridad pública.
A pesar que López Obrador siempre se había opuesto a que los militares realizaran funciones de policía, el incendio de inseguridad que amenaza con arrasar al país y la incompetencia de las policías locales obligarán al próximo gobierno a tratar de “apagar el fuego con el fuego”.
Como siempre, la realidad supera los discursos.
