Alejandro Encinas, ex subsecretario de Gobernación y ex presidente de la Comisión de la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, posteó dos veces en “X”, antes Twitter, el domingo:
Primero compartió la nota de La Jornada que anunciaba el cambio de medida cautelar para un grupo de militares acusado por el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa: “Un nuevo sabadazo. Allanan el camino a la impunidad”.
Pero es el segundo tuit el que realmente importa: “Es más lamentable aún que abogados de la @SEDENA litiguen contra la investigación que encabeza el Presidente de México”.
En los últimos días, el gobierno federal ha hecho todo un espectáculo, como le gusta, en contra del Poder Judicial por la decisión de ese cambio de medida cautelar. Los datos, para variar, los desmienten. Podrían, si algo, reclamar a la Fiscalía General de la República por lo que no hizo al respecto pero, ni modo de meterse con Alejandro Gertz, así que han enfilado —absurdamente— contra el Poder Judicial. En fin, lo de ahora.
Pero el segundo tuit de Encinas es preciso, acertado. El que importa.
El gobierno, a decir de las más recientes declaraciones del Presidente y de la carta de la secretaria de Gobernación a Norma Piña, afirma que la medida cautelar asignada ahora manda a la sociedad “un mensaje de impunidad e injusticia”. Es decir, los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo mexicano piensan que esos militares deben estar en prisión.
Según yo, a lo mejor me equivoco, la Secretaría de la Defensa depende del Presidente y del Poder Ejecutivo.
Entonces el enojo del Presidente y la Secretaría de Gobernación debería ser con el secretario de la Defensa, que ha asignado a uno de sus mejores abogados —está claro que es bastante bueno— a defender a los acusados.
El abogado de los imputados es Jorge Alfredo Rico, militar, que está, por ejemplo, en la lista de ascensos de 2019 a “mayor de Justicia Militar y licenciado”. Defendió hace algunos años a los militares implicados en el caso Tlatlaya y ahora a los acusados por el caso Ayotzinapa.
Para que quede claro: es el gobierno el que le pone abogados a los acusados. Y buenos. ¿Los jueces qué?
Fue Rico, con su equipo, quien consiguió la libertad provisional a los militares, cosa que, por cierto, habría que celebrar frente al punitivismo absurdo de este gobierno. Ya quisiéramos que así pasara en decenas y decenas de miles de casos.
Necesitamos más abogados como el mayor Rico, aunque se enoje su jefe el Presidente.
