La corrupción empobreció a los países. Crecieron las economías, pero no se permeó la riqueza hacia abajo. La población no siente un bienestar”. Esta es una de las frases más poderosas de Armando Lara, uno de los expertos en lavado de dinero para resumir la situación latinoamericana en el “Informe del Grupo Asesor de Expertos en anticorrupción, transparencia e integridad para Latam y el Caribe” que publicó el BID.
El banco convocó a un panel de académicos especializados en gobernanza y anticorrupción para analizar una región donde 650 millones de habitantes hemos normalizado esa infección letal que es la corrupción.
En las últimas décadas ha dejado de ser tema nacional para convertirse en regional y la tecnología ha logrado que se disemine rápido y sirva para ocultar las ganancias de la corrupción, mismas que se usan —sin excepción— para comprar acceso al poder. La Operación Lava Jato (la mayor investigación latinoamericana de corrupción vinculada a la brasileña Odebrecht) es el mejor ejemplo.
Vale la pena echarle un ojo a los datos de México, un país que es gobernado por un régimen que basó su éxito electoral en el combate a la corrupción, pero que no ha movido la aguja en este tema en la profundidad que se esperaba, ni poniendo en evidencia a los responsables con sus sentencias correspondientes.
El Banco Mundial aplica desde hace 20 años el Índice de Gobernanza: los rangos van desde +2.5 como un indicador de fuerte control de la corrupción a -2.5 como lo más débil.
En este lapso solo tres países en Latam aparecen en el rango positivo: Uruguay, Costa Rica y Chile. Uruguay es el único país que mejoró sus controles de corrupción (hoy con 1.29 puntos). Todos los demás se mantienen por debajo del cero y muchos empeoraron. Venezuela fue el país que peor califica en este índice y el segundo fue México, donde caímos a -0.93 puntos, casi el doble del índice medido en 1996.
A mayor transparencia más bienestar: el reporte señala el caso de varios países europeos y asiáticos que aplicaron medidas institucionales fuertes hace más de 20 años y lograron triplicar su PIB per cápita de la mayoría de los países latinoamericanos. Hay un punto interesante entre las recomendaciones del BID: impulsar pactos de integridad.
“El juez Moro (fiscal del caso Lava Jato) dijo que pudo hacer lo que hizo por la presión de la gente en la calle, por el apoyo que él sentía”, dice Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional.
La ciudadanía es fundamental para atacar la corrupción. Estos pactos deben firmarse entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para que monitoreen la transparencia entre públicos y privados. Hay ejemplos exitosos que fusilarnos de Bulgaria, Italia y Polonia. Los ciudadanos también pueden tener ‘otros datos’, y esos son los ladrillos para reconstruir instituciones hoy con cimientos de barro y una sociedad menos tolerante a eso que la empobrece como ninguna otra catástrofe: la corrupción.
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