Fue una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial la de recomendarle al gobierno que se pueda sumar a las empresas privadas en los proyectos de inversión de infraestructura pública. Haberlo conseguido es una buena noticia”, me dijo Carlos Salazar, presidente del CCE, al terminar la reunión de ayer con el Presidente en Palacio Nacional. Ante los directivos de las mayores compañías —sobre todo de infraestructura— del país, ayer se anunció el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura.
“Es un proyecto de dinero privado para obra pública. De un total de mil 600 proyectos a los que tuvimos acceso se eligieron 147, que tendrán distintas fechas de ejecución en el sexenio. Solo para 2020 hay 4 mil mdp que pondrá la IP, lo que duplica el monto aprobado en estos rubros en el PEF”, agrega Salazar.
Desde el inicio del año, el discurso del CCE fue “hacer de la inversión una obsesión para erradicar la pobreza”. Ese fue el corazón del ‘Convenio para la Promoción de la Inversión y el Desarrollo Incluyente’, que firmaron en el consejo con el gobierno federal: el sector privado se comprometía a invertir 32 mil mdd en el país, pero pedían al sector público inversiones públicas acordes justo en los sectores de infraestructura de transporte y logística además del de energía. “Este acuerdo no reemplaza a aquel convenio, sino que se suma. De hecho el 5 de diciembre revisaremos ese convenio. Lo cierto es que ahora se están comprometiendo obras en esos sectores donde más se necesitan”, agregaba Salazar.
En junio, después de ese convenio ‘dual’, no hubo un buen sabor de boca porque lo primero que sucedió fue el conflicto por los gasoductos canadienses —resuelto por Carlos Slim y un grupo de empresarios— y luego el fin de las licitaciones restantes en Pemex (además de que no avanzaron los proyectos ni del Tren Maya ni del aeropuerto alternativo).
Ahora parece que sí habrá un plan más coordinado, porque como lo pidieron hace cinco meses, las inversiones anunciadas ayer (que suman unos 859 mil 22 mdp) incluyen proyectos portuarios, aeroportuarios, carreteras, trenes suburbanos y de desarrollo turístico.
Hace una semana, Carlos Slim dijo que el país necesitaba una sacudida. Y nuevamente —como con el conflicto de los gasoductos— volvió a Palacio Nacional y comprometió junto con lo más granado de los empresarios del sector recursos extras para apuntalar la flaca cuota de inversión que vimos en el PEF 2020 para los motores del desarrollo. Tiene empresas en todos los sectores que toca el acuerdo firmado.
“Invertir en estos sectores tiene un beneficio dual: inmediatamente aumenta el consumo y genera empleo, y a mediano plazo vuelve más productivo al país”, agrega Carlos Salazar, quien recuerda que hubo varias reuniones donde se plantearon las mejores alternativas de algo que parecía impensable en el nuevo régimen: la alianza entre empresas y gobierno para obras públicas.
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