Ninguna empresa en el mundo ha reaccionado como nosotros”, dice un funcionario de Grupo México al recordar el suceso que los puso en la portada de todos los periódicos hace exactamente un año: el derrame de sulfato de cobre de la mina Buenavista del Cobre a los ríos Sonora y Bacanuchi.
“A través del fideicomiso ha entregado indemnizaciones por familia, por hectárea, por cabeza de ganado, por persona, por cultivo, por daños a la salud. Se cumplieron todos los compromisos que la empresa hizo más allá de la obligación legal”, me dice un ejecutivo de la empresa que preside Germán Larrea.
Eso fue horas después de la conferencia de prensa que dieron el martes funcionarios de Semarnat, Cofepris y el propio Fideicomiso Río Sonora.
Según el “corte de caja” financiero, hasta ahora se han entregado unos mil 140 millones de pesos (57 por ciento del total del fondo, que suma 2 mil mdp). A esto hay que sumar las multas ya pagadas por mil 300 mdp.
Según el “corte de caja” sanitario, en total han sido 360 las personas atendidas desde el 6 de agosto de 2014 y en cada caso se pagaron indemnizaciones de entre 17 mil y 35 mil pesos. En total se entregaron más de 26 mil apoyos para el resarcimiento por daños a la salud.
Y precisamente por recomendación de Cofepris, el mes que viene comienza la construcción de una clínica dedicada en exclusiva a ese suceso: la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora. “Se trata de una unidad de vigilancia epidemiológica ambiental para monitorear la salud de los habitantes de la zona”, me explica Isidro Chávez, director de comunicación social desde la comisión. La inversión es de 270 millones de pesos, más los gastos que genera la operación mensual de la misma por los próximos 15 años.
Del otro lado del conflicto reapareció ayer el Sindicato Nacional de Mineros, de Napoleón Gómez Urrutia, con un comunicado donde manifiesta que “nuestra demanda incluye que, de no proceder el consorcio del empresario Germán Feliciano Larrea Mota Velasco al remedio de los inmensos daños ambientales ocasionados y de mantenerse sordo a la demanda laboral de los trabajadores mineros de la Sección 65, el gobierno le cancele la concesión con la cual opera en esa zona del país”.
La empresa, el gobierno y el propio fideicomiso coinciden en que los requerimientos se están cumpliendo a 365 días del derrame de los 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre.
Como en muchos otros casos, la clave no solo estará en la acción rápida —que sí ocurrió—, sino en el seguimiento en el tiempo de los efectos del derrame.
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