El viernes cambió el sistema eléctrico mexicano con un decreto de la Secretaría de Energía plagado de irregularidades, de pasos y normas no cumplidas. En ese decreto —que entró en vigor el sábado— la Sener asume el control total del Sistema Eléctrico Nacional. Básicamente toma la potestad absoluta sobre quién puede generar energía, dónde pueden operar y cuánto pueden producir. Las medidas contravienen la legislación de 2014 donde la reforma energética establecía un operador de mercado independiente.
“La parte procesal es un desastre, violentaron el marco jurídico, pero el fondo es peor. La Sener adquirió facultades de determinar activos estratégicos que aíslen de la competencia”, me explica Pablo Zárate, managing director de FTI Consulting.
A fines de abril, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (covid-19)”, donde el punto más conflictivo era la suspensión del ingreso de nuevas plantas de energía renovable. Por cierto, somos el único país donde el gobierno toma poderes para manejar el sistema eléctrico por cuestiones epidémicas.
Pero el decreto del viernes lo supera con creces. “Lo que está en peligro ahora no son solo las energías renovables, sino todas las inversiones del sector privado, inversiones incluso previas a la reforma energética”, agrega Zárate. En este paquete se encuentran no solo parques eólicos o solares, sino plantas de ciclo combinado o de gas natural.
Desde hace meses, tanto el Presidente como la secretaria de Energía insisten con una fórmula que buscan cumplir que no está en ninguna ley relacionada con el sistema eléctrico: que la CFE genere 54% de la electricidad y 46% los privados. De hecho, la funcionaria dijo en una entrevista a Maricarmen Cortés que se buscaba equilibrar la posición de CFE, ya que los privados producían más de ese 46%. Si estos datos fueran así (y seguro las empresas privadas y el Cenace pueden contrastarlo), lo que está en riesgo es justo esa cifra, lo que está en peligro es casi la mitad de la generación de electricidad del país.
“Hay un desplazamiento de inversiones ya hechas y la adquisición de market share para un solo operador de un modo ilegítimo. Viola varios tratados internacionales y sienta precedentes sobre el estado de derecho”, agrega Zárate.
“Esto siembra pánico en la inversión, está forzando a que los empresarios nos convirtamos en litigantes, y que le creación de empleo retroceda de manera notable”, me decía el director de una firma de energía. Porque además de los efectos económicos inmediatos (la CFE produce más cara la electricidad en promedio que los privados) y ambientales (gran parte de sus plantas son muy contaminantes), hay un mensaje a los inversionistas: México no es un destino seguro para invertir porque las regulaciones y las leyes no son ninguna garantía.
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