El gobierno de los Estados Unidos retiró la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, Carlos Alberto Torres. Desconozco las razones y no abonaré a un ambiente de especulación que, mientras no se tenga más información, es eso: una montaña de suposiciones.
Lo cierto, sin embargo, es que esta situación abre un debate que en México se sostiene en las sombras, pero que con dificultad se expresa, por lo delicado y peligroso del tema: la amplia y profunda infiltración de las organizaciones criminales en las entrañas de muchos gobiernos, a todos los niveles. Repito: no estoy acusando de ello a la gobernadora Ávila. Sin embargo, es una de las especulaciones que se ha avanzado.
En este sentido, lo que no necesita confirmación, por tratarse de casos probados, son los interminables ejemplos a lo largo de los últimos 50 años de gobernantes coludidos con peligrosos criminales y grupos delincuenciales, sea por decisión o por coacción, pero al final, implicados. Por todo esto es que México debería urgentemente empezar a pensar en un Proceso 8000 versión azteca.
El Proceso 8000 fue una investigación judicial en Colombia en la década de 1990 que reveló la infiltración del narcotráfico en la campaña presidencial de Ernesto Samper. El caso expuso cómo el Cartel de Cali financió actividades políticas en las que altos funcionarios del gobierno terminaron implicados. A pesar de que Samper no fue condenado, sí perdió su visa estadounidense de por vida, y varios colaboradores cercanos, como su ministro de Defensa Fernando Botero y el tesorero de su campaña Santiago Medina, fueron procesados y sentenciados. El escándalo desencadenó un remezón institucional que dejó lecciones importantes sobre la necesidad de transparencia, justicia independiente y valentía política frente al crimen organizado. Además, se fortalecieron los mecanismos de control electoral y se promovieron reformas legales orientadas a combatir la financiación ilícita en campañas políticas.
Para que la vieja institucionalidad en nuestro país pueda transformarse y consolidarse como algo nuevo y perdurable, debe ser creíble, legítima y sólida. Cualquier indicio de estructuras carcomidas por la ilegalidad debe ser atacado y desechado.
Claramente, un equivalente del Proceso 8000 no será sencillo como tampoco lo fue en Colombia, pero es necesario. En momentos dramáticos como los que este país está viviendo, urge que México se atreva a mirarse al espejo y a emprender un camino de limpieza institucional profundo. No se trata de cruzadas morales ni de venganzas políticas, sino de rescatar la viabilidad del Estado mismo. Y esta es la retrovisual reflexión judicial de tu Sala de Consejo semanal.
