las seis refinerías en nuestro país que se construyeron antes de los 80s fueron diseñadas para operar en otro mundo, por lo que su tecnología se ha vuelto cada vez más obsoleta. Es así que el proceso de refinación de Pemex al día de hoy tiene un rentabilidad negativa por encima de los 12 dólares por barril, produciendo además un subproducto irremediable, por no decirle desperdicio llamado combustóleo. Son cerca de 140 mil barriles diarios de combustóleo que produce Pemex; un refinado con altos índices de azufre y con un mercado cada vez más reducido.
Hasta hace pocos meses, gran parte de ese producto se exportaba a otros países para usarse como combustible en el transporte marítimo. Sin embargo, a finales de 2019 la Organización Marítima Internacional (OMI) emitió nuevas reglas prohibiendo a las embarcaciones usar combustibles con un contenido de azufre mayor al 0.5%; lo anterior, con la finalidad de reducir la emisión de gases contaminantes en el mar. Ante la medida de la OMI, el mercado del combustóleo en el extranjero se redujo al mínimo. Pemex necesitaba alternativas para colocar el residuo, siendo el mercado interno mexicano a través de las plantas añejas de CFE para generar electricidad, su última y única opción.
Así, el pasado miércoles 29 de abril, usando a la pandemia como pretexto y evasiva, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó un acuerdo insólito para frenar la entrada en operación de centrales eólicas y solares hasta nuevo aviso, debido a que su funcionamiento ponía en “riesgo” la confiabilidad del abasto eléctrico en el país; maximizando aparentemente, la generación de energía eléctrica contaminante de CFE.
No entraremos en el detalle jurídico, pues el acuerdo (que seguramente no fue redactado por los profesionistas que forman parte del Cenace), carece de motivación suficiente y viola flagrantemente artículos constitucionales así como la ley federal de procedimiento administrativo, la ley federal de competencia económica, entre otros acuerdos en el plano internacional. Por ese lado, la iniciativa privada cuenta con elementos suficientes para su impugnación.
La gravedad del asunto de fondo es que es una medida que elimina la competencia, desplaza a la iniciativa privada y genera un ambiente de incertidumbre para toda la cadena productiva del sector eléctrico. El riesgo en el abasto eléctrico al que hace mención el acuerdo no ha sido provocado por las energías renovables, sino por la falta de inversión pública en infraestructura necesaria como son las líneas de transmisión y de distribución. Y es que en términos económicos, nadie se ha logrado salvar tras la necedad que hay detrás de Pemex y de ser autosuficientes en la producción de gasolina. Encima, optar por recursos energéticos contaminantes para generar electricidad, en medio de una pandemia que afecta las vías respiratorias, es totalmente incongruente.
Las industrias de hidrocarburos y de renovables pueden y deben coexistir; el gran reto que tenemos sociedad y gobierno es bajar la huella de carbono, pues el grave problema que enfrenta la humanidad en el corto, mediano y largo plazo, es el calentamiento global. Nuevamente se gesta un duro golpe a la transición energética y a toda su cadena de suministro. Esto no solo generará total desconfianza de los sectores productivos, sino que perjudicará el rendimiento de centrales renovables en funcionamiento. Se ponen en jaque más de 6 mil millones de dólares en inversiones y se tambalea una industria nueva, sustentable, afín a lo que exige y demanda el mercado global… Consecuencias económicas y ambientales para el país que serán muy complicadas de resarcir.
