Terminó el periodo para que las y los presidentes municipales rindan cuentas sobre su gestión pública, un tema no menor, ya que es necesario que todas las decisiones gubernamentales deban estar al alcance de la ciudadanía de manera clara accesible y veraz. Porque todo gasto público debe estar en constante escrutinio social, por ello, toda autoridad se debe apegar a la ley, la honestidad y sobre todo ser responsables de sus decisiones. Porque de lo contrario, aquello que no puede ser medido difícilmente puede ser evaluado por la sociedad. Por ello se debe decir en este proceso de informes gubernamentales, no solamente en que han gastado el recurso público, sino porque han tomado tal decisión, ya que todo gobierno debe ser eficiente, eficaz, y contar con la legitimidad de la ciudadanía. No podemos olvidar que es un derecho humano la transparencia y la rendición de cuentas del sector público, porque ello sirve para constatar contrarrestar la eficiencia del uso del erario público y sobre todo que la ciudadanía pueda detectar cualquier caso de corrupción. Por eso seguiremos impulsando desde este espacio la importancia de la #3De3 que implica que toda y todo servidor público presente su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés. Porque no basta con entregar un informe de gobierno, se debe rendir cuentas, se debe explicar el porqué de las decisiones y en el caso de los poderes ejecutivos, deben recibir retroalimentación por parte de sus congresos o en su defecto a nivel municipal de sus cabildos.
La diferencia entre transparencia y rendición de cuentas radica en que transparentar significa que toda la información se encuentra publicada en una vitrina a la vista de la ciudadanía, quien podrá observar los manejos de los recursos, que implica los recursos materiales, humanos y financieros. Por otro lado, la rendición de cuentas se entiende como todo un proceso que implica que toda autoridad le diga la ciudadanía el porqué de una decisión, tomando en cuenta que toda decisión implica un recurso utilizado, por lo tanto, un mal manejo del recurso público debe implicar un castigo. En Hidalgo nos encontramos en un momento en el cual se deben de fortalecer las instancias de transparencia pública y acceso a la información gubernamental, así como la de derechos humanos, y sobre todo el papel que debe de ser clave de la Auditoría Superior del Estado.
Alfredo Alcalá
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