Ahora que entre las nuevas tendencias en los negocios y la tencología se menciona el internet de las cosas, el social engagement, el comercio intuitivo, el valor de mercado de los millennials o los que le siguen (la Generación Reset o la Generación Z), vale la pena detenerse en qué hay en términos de derechos al acceso y las tecnologías de quienes en 2050 representarán más de una cuarta parte de los habitantes del país.
Me refiero a los adultos mayores, a los miembros de la "tercera edad", a los viejos y ancianos, a quienes por lo visto se les quieren escamotear algunos de sus derechos básicos ya desde ahora.
De acuerdo con datos del Senado, la población de los adultos mayores ha aumentado de forma dramática. Si bien en 1990 sumaban apenas 5 millones, se espera que para 2025 lleguen a 17.2 millones y para 2050, a más de 32.4 millones.
Es decir, dentro de casi tres décadas y media, más de una cuarta parte de la población mexicana será mayor de los 60 años, representando una mayor proporción que a nivel global, donde 20 por ciento de los habitantes del planeta pasarán las seis décadas.
Aparte de cuestiones demográficas y socioeconómicas, cabe pensar qué tipo de derechos regirán entonces para garantizar el acceso a los servicios digitales de este sector de la población. Vale la pregunta porque a pesar de las políticas asistenciales a niveles estatal y federal, así como la puesta en el papel de los derechos de los ancianos en varias legislaturas locales, pareciera que en términos generales México no es un lugar para que los ciudadanos de más edad ejerzan sus garantías digitales.
Este sector de la población se cuenta en la estadística que brinda el Competitive Intelligence Unit (CIU) en cuanto a la penetración de, por ejemplo, smartphones, entre los mayores de 50 años: 14 por ciento. En cambio, entre los de 21 a 25, es de 43 por ciento.
Pero en cuanto a los mayores de 60 años, el dato es más dramático. Para 2014, señala Ernesto Piedras, director general de la CIU, de los 8.5 millones de adultos en este nicho, apenas 4 de cada 100 poseía un smartphone.
Ahora, hay un punto crítico: el gobierno mexicano no ha suscrito la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que la Organización de los Estados Americanos promulgó en junio de 2015.
Cierto que otras naciones como Estados Unidos, caso destacable, tampoco la han suscrito. Ahí se consigna, por primera vez a nivel internacional, un cuerpo de derechos y principios que deben incluirse en las legislaciones, políticas públicas y programas sociales de los países. Esto con el fin de conseguir que las personas mayores tengan el derecho de envejecer plenos, autónomos, independientes y con dignidad.
Entre los derechos que se consagra en esta convención, quiero destacar el del acceso a las tecnologías de información y a la "accesibilidad y movilidad personal".
Ya el Congreso de la Unión emitió un exhorto para que el presidente Enrique Peña Nieto suscriba la citada Convención Interamericana de los derechos de los adultos mayores a fin de que se pueda "ampliar el umbral de defensa y protección de los derechos de este importante sector de nuestra sociedad".
Si la retórica digital del gobierno se aboca a ampliar la penetración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la población en general, se debería trazar una estrategia para sumar a los ciudadanos de edad más avanzada. Los abuelitos no sólo requieren una mesada o la promesa de visitas médicas (sin mencionar para nada si son servicios de calidad). Más que una paseada al sol o una tarde de bingo, las personas de mayor edad deben ver que el gobierno y la sociedad en general les garanticen una ruta a no dejarlos como aislados o asilados digitales.
@alex_angeles
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