Hidalgo deja de ser el tradicional receptor pasivo de inversiones federales para convertirse en un copartícipe del desarrollo, coprotagonista financiador y facilitador. La coordinación político–técnica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Julio Menchaca está logrando que la transformación social avance al mismo ritmo que la producción, el empleo y la modernización.
En el estado, transformar y producir no son rutas distintas, sino un mismo camino en el que las vías del desarrollo se tienden con la fuerza de dos gobiernos que trabajan al unísono. Proyectos ferroviarios, polos industriales, saneamiento ambiental y modernización del campo avanzan con la misma cadencia que las constantes reuniones entre ambos mandatarios, respaldadas por planeación conjunta y seguimiento operativo.
Que los proyectos tengan financiamiento federal no significa que el gobierno de Hidalgo se limite a recibirlos. Su participación es mayúscula, activa y constante: aporta recursos propios, facilita derechos de vía, ajusta planes urbanos, adquiere maquinaria para obras complementarias, elabora estudios técnicos y realiza la gestión social necesaria para que cada obra se concrete sin retrasos. Esta labor es la que convierte cada anuncio en un avance real y medible.
El Tren de Pasajeros AIFA–Pachuca es un ejemplo emblemático de esta nueva etapa: una inversión federal superior a los 50 mil millones de pesos que conectará a 1.2 millones de personas y generará alrededor de 40 mil empleos directos. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Hidalgo será atravesado por tres proyectos ferroviarios: el México–Pachuca, el México–Querétaro y una nueva ruta hacia Irapuato. Esta expansión de iniciativas consolida al estado como un eje prioritario dentro de la matriz ferroviaria nacional, dejando atrás la imagen de aliado ocasional para posicionarlo como pieza estratégica del desarrollo.
La participación del gobierno estatal ha sido decisiva: desde la planeación territorial y la liberación de terrenos, hasta el ordenamiento de zonas estratégicas para detonar vivienda, industria y servicios alrededor del trazo. Una lógica similar se aplica a la tecnificación de zonas de riego en Tula, Ajacuba y Alfajayucan, respaldada por una inversión federal estimada en 12 mil millones de pesos y fortalecida por la aportación estatal en maquinaria, obras complementarias y supervisión técnica al servicio de los productores.
En infraestructura carretera, la Pachuca–Huejutla–Tamazunchale suma más de 6 mil 600 millones de pesos de inversión federal y un impacto laboral de más de 20 mil empleos. El gobierno estatal asegura la coordinación de tramos, permisos y conectividad local para que esta obra se integre armónicamente con la red vial existente. En materia ambiental y energética, la reconversión de la planta eléctrica y la coquizadora en la Refinería Miguel Hidalgo, junto con la creación de un Centro de Economía Circular, busca revertir el daño ambiental histórico en Tula y abrir nuevas cadenas productivas verdes, con el respaldo estatal en suelo, planeación y vinculación con empresas.
El Plan Nacional Hídrico y el saneamiento del Río Tula —con más de 4 mil millones de pesos para el primero y 1,100 millones para el segundo— también muestran esta dinámica de corresponsabilidad: la Federación aporta la base financiera, y el estado complementa con colectores, obras locales de drenaje y trabajo comunitario para proteger el recurso. A esto se suman proyectos como el Programa Nacional de Vivienda y Regularización y los nuevos polos de desarrollo en Tula y Zapotlán, que podrían atraer inversiones industriales de alcance global.
La constante presencia presidencial en Hidalgo no es casualidad: es reflejo de un estado que se involucra, ajusta su planeación y destina recursos para que cada proyecto se traduzca en obras y beneficios concretos.
