La propuesta de reforma representa un avance significativo en la modernización y fortalecimiento del Poder Judicial en México. Este proceso de cambio busca mejorar la eficiencia y transparencia de la justicia, asegurando así una mayor equidad y acceso para los ciudadanos.
Uno de los aspectos más destacados es la creación de plenos regionales y tribunales colegiados de apelación. Los plenos regionales sustituirán a los plenos de circuito, resolviendo conflictos y contradicciones de criterios entre órganos jurisdiccionales. Esto significa que habrá un grupo de jueces especializados para resolver disputas legales importantes, asegurando decisiones más consistentes y justas. Los tribunales unitarios de circuito serán reemplazados por tribunales colegiados de apelación, integrados por tres magistrados, lo que fortalece el debate y la calidad de las resoluciones.
La reforma también otorga nuevas atribuciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), convirtiéndola en un auténtico Tribunal Constitucional. Las resoluciones de la SCJN, aprobadas por mayoría calificada, serán obligatorias para todos los tribunales del país, eliminando el sistema de jurisprudencia por reiteración y estableciendo un sistema de precedentes. Esto asegura que las decisiones más importantes sean seguidas por todos los jueces, creando uniformidad y certeza legal.
En cuanto a la defensa de los derechos humanos, la reforma permite al Consejo de la Judicatura Federal concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales los asuntos vinculados con violaciones graves de derechos humanos. Esto significa que habrá tribunales especializados en casos de derechos humanos, asegurando que estos casos sean tratados con la seriedad y el conocimiento que merecen. Además, se amplía el servicio de defensa y asesoría federal, asegurando que las personas más necesitadas cuenten con una defensa de calidad, incluyendo la capacitación de defensores en lenguas indígenas.
La paridad de género es otro pilar fundamental de esta reforma. Se incorpora como principio rector de la carrera judicial, junto con la excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo. Esto asegura que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades de avanzar en sus carreras dentro del Poder Judicial, y que las decisiones judiciales reflejen una perspectiva equilibrada. La perspectiva de género se integra de manera transversal, garantizando igualdad sustantiva en el ejercicio y goce de los derechos humanos.
La capacitación es otro avance importante, estableciendo las bases para el desarrollo de la carrera judicial y regulando aspectos clave para el funcionamiento del Poder Judicial. Esto asegura que los jueces y otros funcionarios judiciales reciban el apoyo necesario para desempeñar sus roles de manera efectiva, asegurando la profesionalización continua del personal.
La reforma también mejora los mecanismos de defensa del orden constitucional, permitiendo a los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas promover controversias constitucionales contra otros órganos, garantizando una protección más efectiva de los derechos y normas constitucionales.
