En el programa de análisis político de El Canal del Pueblo, se abordó la reforma al Poder Judicial en México, un tema de gran relevancia y controversia.
Participaron en la mesa Simey Olvera, senadora electa de Hidalgo; Andrés Velázquez Vázquez, próximo presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo; el doctor Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Procuraduría General de Justicia en el estado; y Eduardo González, director editorial de MILENIO Hidalgo.
El debate comenzó con una crítica a la falta de eficacia del Consejo de la Judicatura Federal, que según Santiago Nieto, ha tenido una legitimidad cuestionable a lo largo de sus 30 años de existencia.
Eduardo González agregó que es necesario renovar el consejo para evaluar realmente el Sistema de Justicia.
Los analistas coincidieron que la reforma ofrece una oportunidad para mejorar la justicia para los ciudadanos, destacando cambios significativos como la reducción de ministros en la Suprema Corte de 11 a 9 y la disminución del periodo de designación de 15 a 12 años.
Sin embargo, la propuesta más polémica es la elección de ministros por voto popular, lo cual implica un cambio radical en el proceso de selección que, hasta ahora, dependía de una terna enviada por el Ejecutivo y aprobada por el Senado. Este cambio plantea desafíos logísticos y políticos, como la necesidad de armonizar los distritos electorales con los distritos judiciales.
La reforma también incluye la creación de un Tribunal de Justicia Disciplinaria y la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, buscando mayor transparencia y eficacia en el sistema judicial. La principal crítica a esta propuesta es la preocupación de que personas no capacitadas lleguen a ocupar estos cargos. No obstante, Santiago Nieto defendió la postura al citar ejemplos históricos de ministros electos directamente en el siglo XIX, quienes dejaron una huella significativa en la historia de México.
La moderadora Mara Olvera destacó otro aspecto fundamental de la reforma: la lucha contra la corrupción, un estandarte del gobierno de López Obrador y una línea que continuará con Claudia Sheinbaum.
Andrés Velázquez enfatizó la necesidad de evaluar cuidadosamente las propuestas de la reforma y la importancia de devolver el control del sistema judicial al pueblo.
Uno de los puntos centrales del debate fue la problemática de los altos sueldos y beneficios de ministros y magistrados. En diciembre de 2023, los ministros de la Suprema Corte recibían un salario base de 445 mil pesos mensuales, con bonos adicionales que elevaban su compensación a cerca de 900 mil pesos. También se cuestionaron partidas presupuestarias para remodelación de viviendas y servicios domésticos, en un contexto de crecientes desigualdades económicas.
Para los analistas, la lentitud en los procesos judiciales, ejemplificada por casos como el de Mario Marín, quien fue liberado por un amparo a pesar de su implicación en graves violaciones de derechos humanos, refleja deficiencias en la administración de justicia. La reforma busca abordar estos desequilibrios y cambiar la percepción y práctica de la justicia en México.
Simey Olvera y Andrés Velázquez destacaron la necesidad de una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno para implementar las reformas. Concluyeron que la reforma debe considerar las particularidades locales, como las de Hidalgo, para lograr una implementación fluida y adaptada a las realidades regionales.
