El anuncio de impulsar reformas a la legislación local para procurar la independencia del Poder Judicial siembra semillas de esperanza para lograr por fin desarrollar un sistema equilibrado de poderes; suena sumamente ambicioso y ojalá no quede solo en el marco del sensacionalismo oportunista.
No puede haber equilibrio de poderes ni independencia del poder judicial, mientras las designaciones, tengan que pasar por las aduanas del Ejecutivo y del Congreso del Estado.
Los compromisos así adquiridos son ineludibles. La tarea de impartir justicia estará siempre condicionada a servir a los intereses de quien designó al juzgador y no orientada por los principios de la legalidad y la equidad.
Es indiscutible la necesaria participación del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en la conformación del presupuesto, en el que obviamente el poder judicial es escuchado para satisfacer sus necesidades y requerimientos a través de la ley de ingresos que propone el Jefedel Ejecutivo y aprueba el Congreso, pero hasta ahí. Cuestión de dineros y no de intereses políticos.
Cero intervención de estos dos poderes en la conformación o remociones del Poder Judicial y aquí está el quid del asunto. Se debe empezar este proyecto ambicioso por el sistema de designaciones de Consejeros, Magistrados y Jueces en el que nada tengan que ver ni Diputados ni el Ejecutivo.
Que sean los Colegios de Abogados, las Barras de Abogados, y las Universidades que ofrezcan la carrera de derecho, los que propongan ternas de candidatos para la nueva integración del poder judicial: Consejeros, Magistrados y Jueces; las ternas saldrían de académicos y litigantes, es decir los que saben de leyes y su aplicación.
Votarían en las elecciones todos los profesionales del derecho debidamente inscritos en la Dirección General de Profesiones, identificados con su credencial del INE y su cédula profesional para que de esta forma la integración del poder judicial surja de los verdaderamente interesados en la independencia del poder judicial.
Los empleados de base permanecerían intocables en sus trabajos; los Secretarios de Acuerdos serían designados directamente por los Consejeros, Magistrados y los Jueces electos, dada la necesidad de contar con alguien de absoluta confianza en el despacho de los asuntos y el manejo administrativo del Consejo, de las Salas o los Juzgados.
Claro que existen muchas cosas por resolver, como las indemnizaciones a los que serían despedidos, el problema de la inamovilidad, la práctica forense y necesarios conocimientos de los candidatos, pero ahí está una idea, un granito de arena para coadyuvar en la ingente y urgente reforma al poder judicial para garantizar su independencia e imparcialidad.
Abel Campirano Marín
