La Agencia France Presse reveló que la policía peruana allanó la casa y el despacho de la primer mandataria de ese país sudamericano, Dina Boluarte, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Independientemente de la procedencia de la investigación y sus efectos directos y colaterales, este hecho tiene mucha trascendencia y significado en el marco de la teoría general del Estado, pues revela que el otrora poder casi absoluto de los presidentes se está convirtiendo en cosa del pasado.
La Fiscalía del Perú procedió a intervenir dentro del fuero particular de la primer mandataria, en una investigación abierta para acreditar la procedencia de relojes de lujo en poder de la titular del poder ejecutivo, quien al parecer no tiene una versión creíble respecto del origen de los mismos y hace presumir malos manejos en su administración.
La primer mandataria, como es de suponerse, sostiene que esto es parte de un ataque sistemático de la fiscalía, que al igual que muchas otras tiene la característica de ser independiente, lo cual tiene sus bemoles, pero sea como sea, el hecho de que el órgano encargado de investigar los delitos no sea designado directamente por el ejecutivo, le confiere precisamente esa libertad de actuación, lo que de alguna manera garantiza la eficacia de la división de poderes y significa un límite al poder ejecutivo y se traduce ulteriormente en una ficticia inmunidad presidencial.
Casos como el de Anastasio Somoza en Nicaragua, Lula Da Silva en Brasil, Salvador Allende y posteriormente Augusto Pinochet en Chile, el de Noriega en Panamá, los más mediáticos como los de Richard Nixon con el escándalo Watergate, Ronald Reagan con el Rápido y Furioso, y el de Bill Clinton con el affaire con Monica Lewinski que por poco le cuesta la presidencia, así como el más reciente como el del ex primer mandatario de Honduras Juan Orlando Hernández, revelan que ahora las presidencias se encuentran realmente acotadas.
Pero para poder llamar a cuentas a un presidente, es preciso que exista una verdadera independencia de poderes y que exista voluntad política para ello; en nuestro país las reformas que hizo a la Constitución el presidente Lopez Obrador tendientes a instaurar la revocación de mandato, así como la eliminación del fuero presidencial, ciertamente son buenas medidas que siguen esa tendencia a evitar la inmunidad que prácticamente conllevaban las primeras magistraturas.
Lo más importante del caso, es que las cosas se lleven hasta sus últimas consecuencias; y como en el caso de la señora Boluarte, de comprobarse actos ilícitos, se impongan las sanciones que corresponden, con el agravante de la traición a un mandato popular que en esencia debe ser sagrado porque aparte de todo, maneja fondos que no le corresponden porque son intereses del pueblo que gobierna.
Buen cuidado debe tener los presidentes, obvio incluido el nuestro, de ser escrupulosos con el manejo de las finanzas públicas y su quehacer que sea coincidente con lo que se pregona, porque las posibilidades de enjuiciamiento no solo están ahora presentes, sino que pudieran hacerse efectivas aun después de la terminación de su encargo.
De la misma manera como se critican muchas de las ocurrencias de nuestro primer magistrado, también es una exigencia ser objetivos e imparciales y alabar reformas como las que hizo a la constitución para permitir que el presidente, durante su encargo y después de éste sea exigido por la responsabilidad que le resulte en caso de malos manejos en su administración. Aunque, claro, todo dependerá de la voluntad que se tenga, porque la ley existe y aunque a muchos no les agrade incluido él, la ley es la ley.
