El control que ejerce el crimen organizado en el estado de Guerrero, en donde se dirime una disputa territorial entre Los Ardillos y Los Tlacos, ha llevado a la desesperación de la población civil víctima inocente de la delincuencia.
La absoluta incompetencia y quizá colusión del gobierno federal con esa gente apartada del orden, orilló a la intervención del clero de Guerrero para tratar de fungir como mediador en el conflicto y cumplir con una obra caritativa y de misericordia ante tanta violación a los mas elementales derechos humanos de la población que prácticamente no puede salir de sus casas por el clima de violencia que se vive en ese estado.
La capital estatal, Chilpancingo, prácticamente estaba tomada hasta antes de la intervención del ejército clerical; no había posibilidad de siquiera tomar transporte público, los niños no asistían a clases, las amas de casa no podían hacer sus labores habituales ya que no podían andar en la calle sin ser víctimas directas o indirectas de esa suerte de guerra civil que se vive entre los dos principales grupos de delincuentes que asolan al estado en general.
Pero el paulatino retorno a una aparente calma que podríamos calificar como Pax Narca no parece ser definitivo, porque el diferendo entre los cárteles sigue vivo y la violencia latente, por lo que la aparente paz se encuentra prendida de alfileres.
El Presidente de la República en una reciente mañanera dijo que la delincuencia organizada había tomado Chilpancingo donde había “mil o dos mil delincuentes” y que había dado instrucciones al Ejército y a la Guardia Nacional de no intervenir para evitar un enfrentamiento.
Semejante dislate es inadmisible. El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, están para resguardar la seguridad interior básicamente. No estamos en riesgo ni remotamente de sufrir alguna invasión de una potencia extranjera, por lo que el cien por ciento de su misión protectora debe estar orientada hacia lo interior y la fuerza del Estado está diseñada para eso, para que a través del uso de las armas de ser necesario se garantice la seguridad de los ciudadanos.
El Ejército de la Fe, los sacerdotes de la Diócesis de Chilpancingo y del estado de Guerrero en lo particular, han sido determinantes para tratar de establecer un diálogo entre ambos grupos, con el fin teleológico de cambiar la ideología de los delincuentes y llevar a esas ovejas descarriadas por el camino del bien, algo que suena ambicioso y realmente lo es, más en estos tiempos de secularización y en donde la humanidad en general se ha olvidado de Dios y no solo de eso sino de los más elementales principios y valores humanos.
Harto ha hecho la Iglesia en este asunto; más no se puede.
La responsabilidad exclusiva es del Estado Mexicano. El presidente López Obrador, la gobernadora Evelyn Salgado, así como la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, son los únicos responsables de la situación y en sus conciencias escucharán siempre los gritos desgarradores y el sufrimiento cruel de las victimas de la delincuencia que su extrema pasividad, su incompetencia o la diabólica connivencia permitieron crecer tanto que ni con el Ejército de la Fe podrá acabarse y ese supremo juez de sus actos, el Tribunal de la Conciencia estará exigiéndoles responsabilidades todos los días de su vida.
