Por; Mariana Belló y Carlos Brown Solà
Ilustración: Estelí Meza, cortesía de Nexos
El 9 de noviembre (9N) de 2020 es una fecha marcada por la tristeza e indignación, ya que cientos de personas se manifestaron en Cancún en contra de la violencia feminicida y para exigir justicia por el reciente feminicidio de Bianca Alejandrina “Alexis” Lorenzana Alvarado. Esa misma noche, un grupo de cincuenta policías municipales encapuchados, bajo el mando único estatal, disolvió la manifestación feminista a tiros usando armas largas y chalecos antibalas. Distintas personas, entre ellas Wendy Galarza, resultaron heridas de bala. La causa sigue abierta en el sistema judicial, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos reconoció expresamente que la policía municipal hizo un uso desproporcionado de la fuerza, perpetró detenciones arbitrarias y realizó actos que pueden considerarse como tratos crueles. Históricamente, como ocurre en la mayoría de las entidades federativas, los gobiernos locales en Quintana Roo han tenido serios problemas de articulación de las políticas públicas rectoras que atiendan, de manera eficaz y con recursos suficientes, los problemas relacionados con las desigualdades de género y la violencia contra mujeres y niñas. La represión policial de la manifestación feminista del 9N fue un catalizador para que las autoridades estatales comenzaran a cuestionar los mecanismos y políticas por los que se atienden estas causas.
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