Por: Diana García y Renata Gómez Lameiras
Ilustración: Patricio Betteo, cortesía de Nexos
Es posible afirmar que la Suprema Corte decidió dejar de lado una oportunidad histórica para ponerle fin al régimen de la prisión preventiva oficiosa y, así, evitar que se perpetúen importantes violaciones a derechos humanos. No cabe duda de que la Corte volvió a olvidar su papel como garante de la Constitución. Lamentablemente, esta decisión seguirá impactando en miles de vidas de mexicanos y mexicanas, quienes al ser sometidas al régimen de prisión preventiva oficiosa pagarán una pena anticipada por un delito que probablemente no cometieron. Finalmente, la prisión preventiva oficiosa tiene efectos desproporcionados en grupos históricamente discriminados como lo son las mujeres. Si a esta diferencia le sumamos otras condiciones de discriminación, por ejemplo, la que viven personas en situación de calle, indígenas, racializadas o con alguna discapacidad, las violaciones a sus derechos humanos se agravan. De nada sirve aumentar el número de personas privadas de su libertad si no hay investigaciones sólidas para obtener verdad y justicia para las víctimas ¿Cómo puede beneficiar a las mujeres una medida que las afecta y victimiza durante su proceso penal? Si el objetivo de la Suprema Corte es proteger los derechos humanos y reducir la deuda histórica de justicia para las mujeres de este país, la prisión preventiva oficiosa no es ni será la solución.
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