Por: Jesús Alonso Olamendi y Javier Contreras
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Es evidente que la política nacional retrocede al ignorar las agendas pendientes en materia de combate a la corrupción. Esta cuestión repercute en los esfuerzos emprendidos por esta administración y las pasadas, pues desmantela programas y acciones coordinadas sin proponer acciones nuevas o complementarias para abordarlas. Además, margina ámbitos que deberían ser prioridad en la agenda nacional anticorrupción, como la consolidación de sistemas apropiados de contratación pública basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos, la promoción de la participación ciudadana en los procesos de adopción de decisiones o la vigilancia en el cumplimiento de la obligación de rendir declaraciones patrimoniales reales y verificables, así como las referentes a conflictos de intereses.
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