Por: Alberto Fragoso
Ilustración: Raquel Moreno, cortesía de Nexos
Tijuana es una ciudad marcada por una delimitación territorial singular: la frontera con Estados Unidos, misma que ha sido señalada como un fenómeno que secuestra al imaginario colectivo de la urbe. Las y los artistas tijuanenses, por ejemplo, han señalado que los curadores de arte locales no estaban interesados en obras que no hablaran de la frontera. Por esta razón llamó tanto la atención cuando, a finales de 2021, la diputada morenista, Araceli Gerald, presentó una iniciativa de ley para introducir una nueva frontera al interior de la ciudad, dividiéndola en dos y creando con ella el municipio de “Nueva Tijuana”. Esta nueva demarcación estaría conformada por la Zona Este de Tijuana, tomando territorios de las actuales delegaciones de La Presa, Presa Este, una parte proporcional de la Otay Centenario y otra parte proporcional de la Subdelegación los Pinos. Históricamente, esta área de la ciudad ha sido ignorada por gobiernos anteriores y ha contado con un alto nivel de rezago social. A primera instancia podría sonar como una idea sensata. La premisa de darle representación gubernamental a áreas relegadas en el discurso local ha ganado tracción en Baja California en los últimos años. Por ejemplo, en 2020 se creó el municipio de San Quintín y en 2021 el de San Felipe. Sin embargo, es un tanto irónico que en una urbe marcada por una frontera se plantee resolver un problema erigiendo una nueva delimitación administrativa entre la zona poniente y oriente de la ciudad. ¿Despegará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles?
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