Por: Héctor Sebastián Arcos Robledo
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Las intenciones gubernamentales que impulsaron la decisión de la SCJN emergen en un contexto de centralización del poder y buscan, ya sea por omisión deliberada o acción intencionada, limitar la capacidad del público para acceder a información relevante sobre las acciones del gobierno. A pesar de ser presentados a menudo como estrategias de eficiencia administrativa o de seguridad nacional, sirven una tendencia autoritaria, especialmente porque a quién le ha sido asignada la implementación de tales estrategias son las fuerzas militares, lo que pone en serio riesgo no sólo la libertad de información y el equilibrio de poderes, sino la continuidad misma del régimen democrático. En este panorama, las instituciones republicanas, como la SCJN, desempeñan un papel primordial, contrarrestando los excesos de los poderes Ejecutivo y el Legislativo. Su tarea esencial es actuar como contrapeso, garantizando la preservación de un equilibrio de poderes. La legitimidad de la SCJN, al igual que los órganos constitucionalmente autónomos, no proviene de las urnas, sino de la eficacia y eficiencia de sus resoluciones. Como resultado, su labor se traduce en la protección de los derechos fundamentales y la preservación del equilibrio de poderes a través del control judicial, la supervisión y la regulación. En este sentido, tienen la responsabilidad de garantizar que ningún interés gubernamental, por más popular que sea, tenga la capacidad de socavar las libertades y derechos fundamentales que conforman la columna vertebral de cualquier sociedad democrática.
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