Por: Ma. Amparo Casar y Gerardo Carrasco
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
La discusión pública está concentrada en la emergencia sanitaria y económica. Todo lo demás parece irrelevante. Son tiempos propicios para que las autoridades estén menos vigiladas y puedan invocar la emergencia para justificar sus decisiones, las ilegales incluidas. Desde que el pasado 28 de febrero se presentó el primer contagio de covid-19, han quedado fuera del escrutinio público numerosas decisiones ilegales o de dudosa legalidad. Unas pueden parecer menores, pero tendrán consecuencias difíciles de revertir. Otras pasaron inadvertidas o bien se denunciaron, pero su reverberación fue opacada por la prioridad de la misma pandemia. Otras más, caen en el ámbito de las “omisiones”. En los códigos penales y en las leyes de responsabilidad se configuran los delitos y faltas de servidores públicos “por acción”. Pero existen también irregularidades cometidas por omisión.
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