Por: Salomón Chertorivski
Ilustración: Izak Peón, cortesía de Nexos
El Insabi, en cambio, jamás tuvo mecanismos claros y certeros. No, de entrada, en su relación con los estados de la República que, a lo largo de cuarenta años de descentralización de los servicios de salud, habían devenido expertos en su operación. Esto se vio sustituido por incertidumbre: nunca fue posible determinar con certeza quién era responsable de qué, cómo y cuándo llegarían los recursos para brindar atención. Dejaron de existir la cartilla, el padrón de afiliados, las consultas obligatorias preventivas para conocer el perfil epidemiológico de los derechohabientes y así poder hacer una planeación presupuestal y médica. Los tristes resultados están a la vista: según datos de medición de pobreza publicados por Coneval, 15 millones de mexicanas y mexicanos que en 2018 habían declarado contar con un mecanismo para atender y financiar su salud declararon ya no tenerlo en 2020. Las cifras se acumulan: 40 millones de consultas de primer nivel y 7 millones y medio de consultas de alta especialidad menos, 1.3 millones de mastografías menos, 1. 6 millones de papanicolaous menos. En cuatro años la esperanza de vida al nacer en México disminuyó y 3000 niñas y niños enfermos de cáncer fallecieron por falta de medicamentos. El gasto de bolsillo —es decir lo que cada ciudadana o ciudadano debe financiar de su peculio para atender la salud— se vio incrementado en un 40%. 64% de todos los mexicanos que no tienen acceso a seguridad social tuvieron que atenderse por medios privados. Tan claro es el fracaso que el propio gobierno lo reconoce al decidir la desaparición de su propia creación.
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