Por: Gabriel Rojas
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Analizando la realidad del INE, es posible notar que ante un nuevo régimen, los intereses políticos cambian, por lo que los retos que enfrenta son similares al de una agencia anticorrupción. En este caso, uno puede revisar las reformas planteadas hacia al INE desde una lógica de la contradicción original: el partido en el poder desea modificar ciertas normas y cambiar la estructura del INE hacia una que produzca ventajas para el partido en el poder. Asimismo, es curioso notar cómo ciertas normas que fueron aceptadas por legisladores de Morena ahora son incumplidas. Un ejemplo es cuando los gobernadores de ese partido acusaron al INE de censura por dar la orden de remover la carta de apoyo de gobernadores al presidente. Sin embargo, legisladores de ese partido lo aceptaron en la Ley de Revocación de Mandato que restringe ese tipo de propaganda. Resulta innegable pensar que los problemas clásicos que enfrentan las agencias anticorrupción no distan mucho de los que ha enfrentado el INE. Cuando se ve más allá, el INE parte de una ligera desventaja, pues al menos algunas agencias cuentan con dientes para defenderse de forma más efectiva. En todo caso, una lección clave del momento crucial en el que nos situamos es poder reconocer que el INE es un actor político, lo cual es aceptable y debería estar normalizado en nuestra cultura democrática.
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