Por: Valentina Rabasa Jofre
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Múltiples estudios han mostrado las diferentes formas en las que la sociedad mexicana y las instituciones del Estado discriminan y violan los derechos humanos de estas personas, al menos desde que surgieron los primeros instrumentos de regulación de los flujos de inmigración en el país en 1909. Dichos instrumentos han definido a lo largo del tiempo —y a través de las prerrogativas del Estado— quiénes entran o no a territorio nacional, produciendo en el imaginario social percepciones que delimitan el trato que se les da a las personas extranjeras. Las consecuencias evidentes y bien conocidas de estas percepciones son las violaciones de derechos humanos demostradas por diversos estudios académicos. Sin embargo, estos estudios no han tenido eco. Si bien hoy el texto de la Ley de Migración se refiere a las personas migrantes como sujetos de derechos independientemente de su situación migratoria —y no como productores de “degeneración en los descendientes”, como se les llamaba en comunicados oficiales de la Secretaría de Gobernación en el contexto de la Ley de Inmigración de 1926— en la actualidad el rechazo a las nacionalidades que ingresan al país de manera irregular sigue estando presente, ahora con fundamento en la seguridad nacional. Y ese rechazo sigue generando odio y miedo.
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