Por: Frida Ibarra y Fernanda Rebollar
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tuvo la firmeza suficiente para abandonar un criterio que es incongruente con el régimen constitucional y convencional actual, y que ha sido utilizado para justificar la intervención del Ejército en tareas ajenas a la estricta disciplina militar, pese a que el contexto en el que surgió fue para permitir la participación de las Fuerzas Armadas en un órgano de consulta y no en una institución con facultades de ejecución de prevención, investigación y persecución del delito. También es lamentable que la Suprema Corte no haya profundizado sobre el hecho de que, en el contexto actual de militarización, la diferencia entre la Sedena como ente administrativo y como Fuerzas Armadas se vuelve artificial y peligrosa, pues permite justificar situaciones tan graves como la entrega de un cuerpo civil de seguridad pública a una institución militar. A estas omisiones se agregan algunos aspectos que el fallo de la Suprema Corte en este asunto no pudo estudiar y que disminuyen el impacto real de la decisión, por ejemplo, el relacionado con la integración actual de la Guardia Nacional por militares, o el hecho de que dicha institución continúe siendo dirigida por un General en retiro.
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