Prometer no empobrece, y desde los inicios de su campaña el hoy presidente Donald Trump anunció medidas espectaculares: la construcción de un muro en la frontera sur, la deportación de migrantes ilegales, la renegociación o cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, no menos importante, una reforma fiscal que reduciría la tasa del impuesto corporativo sobre las ganancias: de más de 30% a solo 15%.
El 26 de abril pasado, un borrador, sin demasiados detalles, fue presentado por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el consejero Gary Cohn, y recibido con entusiasmo por la Corporate America, sobre todos los sectores industriales, comerciales y financieros ligados al Partido Republicano. Desde entonces no se dieron más detalles sobre este blueprint, porque la Casa Blanca ha estado ocupada en resolver problemas como el cese del director del FBI. La reforma fiscal tendrá que esperar.
La acalorada recepción a la propuesta en algunos sectores de la economía, y a la que se atribuye en parte el buen desempeño de los mercados de valores, muestra la inocencia con la que organizaciones serias y complejas aceptan las propuestas que las benefician, aunque sean poco viables y no estén sustentadas en datos duros.
El borrador del 26 de abril
Agustín Vargas, socio líder de Impuestos Corporativos de la consultora KPMG en México, explica que, entre otras iniciativas y el proyecto de reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de un máximo de 35% a 15%, quiere crear un impuesto que aplicará por una única vez, con una tasa baja (pero no determinada), para que los inversionistas y las empresas regresen a Estados Unidos (EU) los capitales que tienen en el extranjero.
Según datos de Oxfam America, se estima que grandes empresas industriales, bancos, y fondos e inversionistas, tienen 1,400 millones de millones de dólares fuera de EU, algunos en Asia y Europa, otros en paraísos fiscales. Son ganancias obtenidas en el extranjero, y no pagan impuestos mientras no sean remitidas a EU, lo que pretende Trump. Solo Apple tiene 180,000 millones de dólares (mdd) guardados, y si los repatriara tendría que pagar una tasa de 35%, algo que su CEO, Tim Cook, se niega a afrontar.
Si ocurriera, un flujo de ese tamaño afectaría los mercados financieros internacionales, pero daría un gran empuje a la economía de EU. El borrador, entonces, considera eliminar el concepto global de ISR, que obliga a las empresas a pagar impuestos aun sobre las utilidades que obtienen en el extranjero, y regresar al modelo llamado territorial, en el que solo se gravan las utilidades obtenidas por actividades dentro del país. Vargas explica que esto convertiría a EU en una especie de paraíso fiscal.
Alto costo para las finanzas públicas
Trump tuiteó en varias ocasiones sobre su gran reforma fiscal, y el jefe de gabinete Reince Priebus aseguró que se impulsará la imposición de aranceles a las importaciones y el temido “ajuste fronterizo”, que podría afectar las manufacturas mexicanas. Como se sabe, 80% de las exportaciones mexicanas van dirigidas a EU: son unos 300,000 mdd, de los cuales una parte considerable corresponde a la operación de maquiladoras y a los dos millones de vehículos armados en México por automotrices estadounidenses, japonesas, coreanas y europeas.
Para Lynnley Browning, de la agencia Bloomberg, la reforma fiscal que esbozó la administración Trump y que despertó la preocupación de empresarios y gobiernos en el resto de las economías, tiene un punto que la puede hacer inviable: su costo.
Según el Comité por un Presupuesto Federal Responsable (Committee for a Responsible Federal Budget), costaría entre 3,000 y 7,000 millones de millones de dólares a lo largo de los primeros 8 o 10 años de vigencia, lo que agravaría los problemas de la deuda gubernamental.
¿Cómo pagar? Mnuchin, sostiene que los recortes fiscales serán cubiertos a mediano y largo plazo porque las empresas invertirán más, los productos serán más baratos y los trabajadores recibirán mejores salarios para gastar y endeudarse. Es un modelo conocido, pero que los economistas cuestionan desde hace años
Pero hay otros obstáculos. Para que esta iniciativa pase por el Senado, las reformas deberían asegurar que en 10 años no aumentarán el déficit fiscal, lo que no parece posible. Como la oferta de Trump tiene esa debilidad, es probable que ni los inversionistas ni los empresarios estén interesados en jugársela y repatriar sus capitales. “Para que los recortes de la tasa empresarial y la territorialidad tengan un efecto positivo en el crecimiento, las empresas necesitan la certeza de que permanecerán en su lugar”, dijo Michael Mundaca, co-líder del Centro de Impuestos de Ernst & Young Americas (E&Y).
La consultora, sugiere que en el impuesto para las personas físicas (empleados, artistas, profesionales, trabajadores independientes), las tasas se fijarían en sucesivos escalones de 10, 25 y 35%, cifras difieren de las tasas propuestas en la campaña de Trump, de 12, 25 y 33%. “El plan -agrega E&Y- propone la eliminación de todas las deducciones para las personas, salvo los intereses hipotecarios y las contribuciones de caridad; también pide la revocación del Impuesto Mínimo Alternativo (AMT por sus siglas en ingles) y el impuesto a las herencias”.
“Se trata de un plan tributario sin principios, que resultará en recortes para 1% de los más ricos, en conflictos para el presidente, en una deuda paralizante para EU y en migajas para los trabajadores. En lugar de desarrollar un verdadero plan de reforma tributaria como se prometió, esta administración ofrece pasteles a unos pocos afortunados”, publicó Ron Wyden, líder del Comité de Finanzas del Senado de EU.
Las opciones de México
Agustín Vargas, fiscalista de KPMG, también se muestra escéptico sobre este borrador fiscal, del cual se desconocen muchos detalles y, en definitiva, sus alcances y viabilidad. Como tal, es difícil saber qué impacto tendrá sobre México y los demás socios comerciales de EU
“La idea detrás del blueprint es acelerar el desarrollo económico, generar empleo y atraer inversiones, incluyendo a las empresas que preferirían instalarse en EU para aprovechar las ventajas fiscales abandonando otros países menos atractivos”. Pero todavía está por aclararse si la rebaja en el ISR admitirá algunas graduaciones, o es un impuesto a tasa fija (flat tax), como el IETU que tuvo México unos años.
El flat tax es la eterna propuesta de muchos republicanos, como Steve Forbes, el heredero de la conocida editorial, y sobre el que insiste cada vez que visita México. Las diferencias entre los dos modelos son claras: el impuesto a las ganancias tiene niveles o escalones, es decir que cobra menos a los que ganan menos, mientras la tasa aumenta con las ganancias; este impuesto reconoce un gran número de gastos y deducciones. Un impuesto a tasa fija, también llamado de control, lo pagan los que ganan y hasta los que pierden, y casi no tiene deducciones.
El “ajuste fronterizo”, aunque no está incluido en el borrador, forma parte de la estrategia. A las empresas de EU no se les gravarán las exportaciones, pero no podrán deducir los productos que importen. Otra clásica idea republicana que busca promover el Made in America y desalentar las compras en el exterior. Esto afectaría a países exportadores como México o China, que deberían contestar con una estrategia similar que castigara las exportaciones de EU, gravándolas para hacerlas menos competitivas. Es la batalla del proteccionismo comercial y una amenaza al libre comercio globalizado.
Vargas, de KPMG, asegura que, si esta reforma fiscal se llegara a concretar en los términos conocidos, para cualquier empresa de EU sería más atractivo operar en su país que el extranjero, porque las manufacturas se volverían más competitivas. Sin embargo, advierte, aunque es importante, el régimen fiscal de un país no es suficiente para determinar el destino de las inversiones.
Se trata de un análisis multifactorial de las tasas de interés, la fortaleza del mercado, la disponibilidad y costo de la mano de obra, el acceso a recursos naturales y materias primas, la normatividad laboral o ambiental, la distancia al mercado consumidor, logística, e infraestructura. La mano de obra mexicana seguirá siendo un atractivo considerable.
“No solo México, sino muchos otros países tendrían que revisar sus regímenes fiscales para no quedarse atrás”, dice Vargas, y añade “tienen que seguir siendo competitivos no solo frente a sus clientes en EU sino en otros países, clientes que podrían comprar productos más baratos si EU pudiera fabricarlos. Sería necesario regresar al debate y ajustar nuestro régimen actual para reducir el costo de producir, sin afectar las finanzas del estado”
Esto se podría alcanzar reduciendo la tasa corporativa del ISR y compensarla con los impuestos indirectos como el IVA, que hoy excluye alimentos y medicinas. Vargas piensa además en estímulos a la inversión, como la deducción inmediata de algunos activos, y acelerar las inversiones en las Zonas Económicas Especiales, del sur y sureste del país. “Esto podría resultar atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros, incluso los de EU, a quienes les salgan mejor las cuentas y les convenga fabricar en México, sea para exportar a EU, sea para hacerlo a América Latina y otras regiones.”
El régimen va a entrar a debate Los especialistas y las autoridades mexicanas han mostrado cautela frente al borrador. “Las empresas no van a salir corriendo para aprovechar estos estímulos”, dice Vargas, quien reconoce que en algunas corporaciones mexicanas sí se hacen estimaciones y se estudian alternativas. “El fenómeno tiene que verse desde un punto de vista multifactorial en el que los impuestos son importantes, pero no determinan una inversión.”
Es poco probable que Ford o General Motors vayan a cerrar sus instalaciones en México, que valen millones de dólares y acumulan décadas de experiencia, con gente preparada que no encontrarán de inmediato en Kansas o Alabama.
Vargas reconoce que todos los países buscan modernizar sus regímenes fiscales y hacerlos competitivos, y que los cambios en uno casi siempre generan ajustes en otros. Asegura que, independiente de este borrador, México debería debatir su régimen fiscal. Tendrá que ocurrir después de 2018, cuando las fuerzas políticas estén dispuestas a revisar otra vez el alcance del IVA, la deuda pública, las contribuciones de los trabajadores a la seguridad social, y otros temas que aseguren la competitividad de la industria, el bienestar social y la estabilidad financiera del gobierno.