A la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) le preocupa que México no le dé prioridad a la lucha contra el cohecho, con plena aplicación en sus reformas anticorrupción, pues esto tiene un efecto directo en el comercio internacional.
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En un comunicado, la OCDE indicó que México debe dar prioridad a esto ya que 19 años después de haber ratificado la Convención Anticohecho, aún no ha procesado un caso relacionado con el soborno de funcionarios extranjeros.
Dijo que esto es motivo de preocupación, en especial por la orientación de la economía mexicana hacia las exportaciones y porque éstas atañen a sectores considerablemente expuestos a la corrupción, como los de industrias extractivas, manufacturas y productos agrícolas.
Abundó en que el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE completó la Fase 4 de su examen de la aplicación por México de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
Además, el informe destaca varias reformas como resultado de la enmienda constitucional por la que se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, las cuales podrían mejorar la aplicación de la convención una vez que estén plenamente operativas.
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El informe recomienda aplicar con urgencia esas reformas, en particular el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, la designación de magistrados para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la selección del Fiscal General de conformidad con el nuevo mecanismo constitucional, así como la puesta en práctica del nuevo Protocolo Anticohecho.
El informe también hace recomendaciones dirigidas a asegurar de inmediato los recursos necesarios para investigar y enjuiciar casos de cohecho internacional, en particular los cuatro procedimientos que siguen abiertos, así como para facilitar a la Fiscalía Especial en materia de Delitos Relacionados con la Corrupción la persecución de este delito, una vez que esté operativa.
Asimismo, sugiere perfeccionar el régimen de responsabilidad corporativa recientemente modificado, en especial para aclarar las circunstancias que pueden dar lugar a responsabilidad por cohecho internacional, e incluir en el ámbito de su aplicación a las empresas públicas.
GGA
