Una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Michoacán contra el aumento de tarifas que avaló la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por servicio de transmisión de electricidad para empresas privadas y entidades externas que autogeneran este insumo energético.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández determinó que el gobierno michoacano carece de interés legítimo para promover el citado medio de control constitucional.
El gobierno estatal señaló que el incremento de tarifas afectará sus finanzas públicas. Recordó que, desde hace ocho años, la CRE le otorgó el permiso como “permisionario para el auto abasto para la generación de energía hidroeléctrica”.
El 28 de mayo del presente año, la CRE emitió dos proyectos de resolución por las que expidió los cargos por el servicio de transmisión de energía eléctrica que aplicará CFE Intermediación de Contratos Legados, S. A. de C. V. (CFE ICL), a los titulares de los contratos de interconexión legados con centrales de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable o cogeneración eficiente, y con fuente convencional.
Derivado de una solicitud de CFE ICL, la CRE detectó que los cargos por porteo no reflejaban los costos justos y proporcionales por la prestación del servicio.
BGPA
