La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró las nuevas atribuciones que se buscar dar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre congelar las cuentas bancarias sin orden judicial o notificación en caso de indicios de recursos ilícitos, no abona que al desarrollo empresarial del país y es una “herramienta agresiva”.
Esto luego de que la Cámara de Diputados votó contra las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, para que la UIF de la Secretaría de Hacienda, pueda congelar cuentas bancarias sin mandato judicial, o notificación al usuario en caso de existir indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante el evento virtual denominado “Impacto de la Reforma Fiscal 2022 en materia de prevención del Lavado de Dinero”, el Consejero Delegado de Prevención de Lavado de Dinero en la Coparmex, Antonio Barragán Cabral, explicó que la nueva disposición tiene que ver con un nuevo procedimiento para respetar el derecho de audiencia.
“Es muy cuestionable la reforma, porque no han dicho bajo qué procedimiento formal se va a llevar a cabo la notificación, además es una notificación de un particular, no es una notificación de una autoridad. La reforma lamentablemente, no es para el efecto de promover el desarrollo empresarial, sino de fiscalizar con mayores herramientas, y con herramientas más agresivas al sector empresarial en México”, aseveró.
Explicó que la UIF, identifica por el análisis de riesgos o inteligencia de análisis de datos, si una persona moral o física puede tener conductas o indicios que pueden estar ligados a comisión de delitos, y al presumir por este análisis de riesgos, que estos recursos proceden de una fuente ilegal.
“Aquí lo lamentable es que estos son procesos muy tardados, y los recursos están congelados, y con estos recursos opera una pyme, con esos recursos opera una empresa y con esos recursos se pagan las nóminas, se les pagan a los proveedores y toda la cadena comercial que estamos considerando. Entonces es una afectación bastante importante financieramente hablando para las empresas”, resaltó.
Señaló que con las nuevas atribuciones de la UIF se ordena que se les congelen los recursos a las empresas y que no puedan disponer de estos depositados en todas las cuentas de las instituciones financieras en el país, “y se les congelan porque hay indicios de que proceden de fuente ilegales, que pueden ser objeto de lavado de dinero”.
“Estos procedimientos nacen para que las personas físicas y morales puedan ofrecer pruebas y alegatos ante la UIF para desvirtuar esos indicios que llevarían a concluir a esta autoridad que son recursos de procedencia ilícita”, comentó el representante del organismo empresarial.
srgs
