El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM) y organizaciones sindicales, hicieron un llamado a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que esta semana inicie la aplicación de pruebas rápidas de antígeno para detectar Covid-19, a los trabajadores formales en sus unidades de medicina familiar o bien en los centros de trabajo.
“Las pruebas rápidas de antígeno o Abbott solo se están aplicando en los hospitales del seguro social, en una primera etapa, en dos casos: a pacientes con un cuadro agudo respiratorio y saturación por debajo de 80; y a pacientes hospitalizados sin prueba PCR”, refirió el Oficial Mayor de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Jorge Díaz Galindo Hurtado.
En conferencia de prensa detalló que la intención es que se realicen entre 30 y 50 pruebas rápidas diarias a los trabajadores que tenga la sintomatología de la enfermedad (fiebre, tos, dificultades para respirar, pérdida de olfato o gusto), que hayan estado en contacto con alguna persona enferma del virus.
“Estos trabajadores andan de un lado para otro buscando pruebas porque en los hospitales no los reciben y tienen temor al contagio. Están pagando precios exorbitantes en laboratorios particulares, entre 2 mil y 3 mil 600 pesos, cuando el costo de Abbott es de 6 a 7 dólares”.
En caso de salir positivo tendrían tratamiento inmediato para que no avance la infección viral, aplicaría el confinamiento de 14 días para evitar más contagios. Además, al diagnosticársele covid empezaría a correr su incapacidad por enfermedad general y recibiría 60 por ciento de su salario. “De los 538 nuevos contagios registrados este domingo, del 5 al 7 por ciento son trabajadores del IMSS, aunque son más porque no hay pruebas”.
Asimismo, Díaz Galindo urgió la creación de una Comisión Intersecretarial Covid en la Megalópolis, integrada por las 16 delegaciones de la Ciudad de México y 224 municipios del Estado de México, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala, que regule a nivel regional las acciones preventivas y destine presupuesto.
“En la Ciudad de México se compraron 250 mil pruebas a 140 pesos, aproximadamente, el gobierno estatal comprará 100 mil pruebas, el seguro ya las compró y solo la está mandando a hospitales, donde ya no tiene caso comprobar el virus. Mejor debe mandarla a las clínicas para que las personas tomen precauciones. La PCR tiene un costo privado de hasta 7 mil pesos y hoy la prueba cuesta 140 peso, no hay justificación para no hacerla”.
Señalan las restricciones
Por su parte, la presidenta del CCEM, Laura González Hernández, señaló que las restricciones que apliquen las autoridades de los diferentes y la aplicación de pruebas será fundamental para frenar lo más posible la pandemia, la cual seguramente se mantendrá hasta el próximo año y reducirá conforme la vacuna se aplique.
“Estas pruebas resultas muy importantes porque son rápidas, activas y más económicas que la PCR, el gobierno del estado está haciendo lo propio e insistiremos en que el seguro social las aplique para detectar el mayor número de casos a tiempo y evitar mayores riesgos”.
En tanto, el presidente del Congreso Laboral del Estado de México, Óscar Moreno Moreno, sugirió que el seguro social aplique directamente las pruebas en los centros de trabajo, junto con la aplicación la vacuna de la influenza. Refirió que las pruebas llegan tarde, toda vez que el número de contagios a nivel nacional es de un millón 300 mil y hay 113 mil fallecidos.
“Hay empresas que tienen a médicos detectando los contagios para evitar la falta de mano de obra y por ende entorpecer sus compromisos con sus clientes. Algunas han realizado pruebas rápidas de sangre y los pagan por sus propios medios, pero otras mandan a sus empleados a que las hagan y paguen ellos”.
Al respecto, el presidente de Congreso del Trabajo Delegación Estado de México, José Luís Canchola Arroyo, refirió que desde el inicio de la pandemia algunos trabajadores contrataron un Seguro Covid por mil pesos que les ofrece 25 mil pesos al comprobar que tienen la enfermedad y otorga otros 25 mil pesos más en caso de fallecer.
“30 por ciento de los trabajadores que contrataron el seguro han recibido el beneficio, hemos tenido un porcentaje bajo de mortandad, pero el tema se complica cuando el seguro social establece la muerte como posible Covid, porque ya no aplica el seguro. De ahí la necesidad de la prueba”.
KVS
