Mientras siete camiones de gas licuado de petróleo salían de la planta de Gran Chaco, con destino a Paraguay, el presidente Evo Morales celebró “el inicio de una industrialización que va a dar mucha esperanza a los bolivianos”.
La construcción de la planta de separación de líquidos de gas natural de Gran Chaco de 700 millones de dólares (mdd) es la última consecuencia de lo que sin duda es el acto más importante de los nueve años como presidente de Evo Morales: la nacionalización del sector de gas y petróleo de Bolivia. Con esa medida radical, Bolivia tomó el control de su recurso natural más importante y redujo el papel de los inversionistas extranjeros, entre ellos Total, Repsol, Petrobras y BG Group, al nivel de socios menores de YPFB, la compañía estatal de energía.
Bolivia anunció con bombo el éxito del aumento tanto de sus exportaciones de gas como de su consumo interno. Pero ahora, la dirección de YPFB de hidrocarburos de Bolivia y la estrategia de administración de Morales tal vez están bajo un mayor escrutinio que en cualquier otro momento desde que se asentó el polvo que dejaron las nacionalizaciones de 2006. La caída de los precios del gas reduce los ingresos de los que el gobierno y muchas regiones dependen.
La ambición de Bolivia, que depende más del gas que de sus pequeñas reservas petroleras, es desarrollar su papel como el “centro de energía de Sudamérica”, una posición que su geografía y recursos deben permitir que se cumplan. Los gasoductos transportan el gas a Brasil y Argentina, y hay planes de extender las ventas a los vecinos. Álvaro García Linera, el influyente vicepresidente, incluso planteó la posibilidad de exportar a Chile.
Pero después de años en que los críticos dicen que Bolivia descuidó la exploración, YPFB tiene que dirigir una campaña acelerada para encontrar reservas que respalden la renovación de sus contratos. También tiene que mantener y ampliar la producción de gas. Algunos analistas y expertos de la industria esperan que la producción caiga pronto de su nivel actual de 60 millones de metros cúbicos al día.
“El verdadero reto es poder administrar las reservas”, dice Carlos Delius, empresario de la industria y exdirector de la CBHE, la asociación de hidrocarburos y energía de Bolivia “Si Bolivia fuera una empresa privada, estaría en problemas, porque no aumenta su cartera de reservas”.
Luis Alberto Sánchez, el ministro de Energía, dice que las proyecciones del gobierno apuntan a un creciente superávit a partir de 2018. “Conocemos las proyecciones. No espero grandes problemas”.
Invertir más en exploración y producción no son las únicas opciones estratégicas de YPFB. Bolivia realiza inversiones sin precedente en una suite de plantas de petroquímicos que buscan iniciar una sede industrial basada en gas. Una planta de amoniaco y urea para fabricar fertilizantes se construye con una inversión de 877 mdd. Guillermo Achá, el presidente de YPFB, también promueve planes para plantas de procesamiento de plásticos en la siguiente década.
Son proyectos ambiciosos. En total, YPFB tiene un programa de inversión de 30 mil mdd para los próximos 10 años.
La estrategia de industrialización se junta con los esfuerzos para construir una capacidad de generación de electricidad. La idea es obtener más valor del gas procesado, que en el crudo. René Orellana, el ministro de planeación, dice que los planes de Bolivia de invertir casi 9 mil 600 mdd en generación, señalan que exportar electricidad a Brasil y Argentina puede ser más rentable que exportar materias primas sin procesar.
Gran parte depende de que YPFB tenga éxito con el dinero adicional que pretende poner en la exploración. Las reservas de Bolivia, que se tuvieron que ajustar fuertemente a la baja hace seis años por motivos técnicos, se encuentran en alrededor de 10.5 trillones de pies cúbicos (TCF por sus siglas en inglés). Al hablar en una conferencia de la industria, Achá dijo que la exploración era la prioridad. Dejó en claro que espera que las empresas extranjeras participen en el empuje para elevar las reservas a 11.5 TCF en 2021 y 18 TCF en 2025. Estas cifras incluyen el agotamiento de las reservas existentes.
Dado que la nacionalización dejó la “participación” del gobierno de algunos yacimientos de gas en 82%, Bolivia no ha sido bueno al incentivar a la inversión extranjera. Para muchas compañías, una cosa es hacer la mayor parte de sus inversiones a fondo perdido y otra muy distinta ampliar su exposición al riesgo en Bolivia.
Mientras Bolivia responde a la necesidad de promover la exploración, una serie de decretos del gobierno este año modificó algunas reglas a favor de la inversión. La más controversial, la posibilidad de perforar en áreas protegidas. Eso provocó una incomodidad entre los ambientalistas que anteriormente simpatizaban con la administración de Morales, pero Sánchez insiste que es un porcentaje muy pequeño -0.04%- de las náreas protegidas la que está en riesgo.
Claudia Cronenbold, presidenta de CBHE, dice que los cambios son “positivos”, pero gran parte depende de las tan esperados nuevas leyes que incentiven la inversión. Sánchez espera que “sea el punto de inflexión que le permitirá a Bolivia aumentar las reservas, la producción y el ingreso”, y dice que sus negociaciones con la industria sugieren que se va a atraer la inversión.
En privado, algunos ejecutivos se muestran escépticos. Cronenbold dice que la ley ”habría sido más oportuna hace un año o 18 meses. En la actualidad es más y más difícil que tenga el impacto que necesita (debido a los precios)”.
Delius advierte que Bolivia necesita estar consciente de su papel en el panorama internacional de gas y petróleo. Con un flujo de inversiones extranjeras en la industria más selectivas, Bolivia “tiene que ponerse a sí misma en contexto”, dice. “No es el centro del mundo. No estamos en una posición para dictar términos a nadie”.
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