El 24 de septiembre de 2010, el gobierno panista del presidente Felipe Calderón recibió la solicitud del registro de la marca El Chapo, que fue validada el 27 de mayo de 2011, con los números 1205096, 1205097, 1205098 y 1219281 para aplicarse en cuatro ramos diferentes de productos comercializables.
Al respecto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo: “Se va a analizar en qué condiciones se otorgaron las autorizaciones”.
La solicitud fue hecha ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, hija de Joaquín El Chapo Guzmán, y está vigente hasta el 24 de septiembre de 2020, cuando expira el registro o puede renovarse.
El Chapo se puede utilizar para comercializar metales preciosos, artículos de joyería, relojería, cuero, cueros de imitación, maletas, paraguas, juguetes, artículos de gimnasia y deportes, adornos de Navidad, publicidad y administración de negocios, entre otros, como informó ayer MILENIO.
En entrevista al terminar su participación en la inauguración de la Conferencia sobre Comercio, Desarrollo y Contenido Nacional organizada por el Banco Mundial, Guajardo se deslindó de estos registros de marca al señalar que fueron otorgados durante la administración de Calderón.
A la pregunta sobre si darán seguimiento al tema, el funcionario señaló que “el único seguimiento es que hay un proceso de autorización de marcas que funcionarios específicos adoptaron y simplemente se va a analizar en qué condiciones se otorgaron las mismas”.
Respecto a si se puede prohibir este tipo de marcas relacionadas con personajes del narco, el titular de Economía explicó que existe toda una serie de procedimientos para registro de marcas que en condiciones estándares o tradicionales siguen procesos automáticos.
Guajardo indicó: “Sin ser experto en patentes y marcas, sin ser el responsable directo del IMPI, de alguna manera soy indirectamente supervisor responsable del área, que para situaciones específicas donde tienen que ver seguridad nacional y temas delicados de esta naturaleza, los procedimientos deben estar sujetos a una visión extraordinaria y especial”.
PUBLICAN VIDEO
La PGR exhibió públicamente los nombres de los ex agentes de la Policía Federal, del Cisen y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social que presuntamente estuvieron implicados en la fuga de El Chapo Guzmán, así como de los ex servidores públicos y otros involucrados que falta por detener.
A través de un video que dura 19 minutos, elaborado por la Agencia de Investigación Criminal y subido en el sitio de internet de la dependencia, la PGR dio a conocer que los ex funcionarios públicos contra los que falta cumplimentar una orden de aprehensión son:
Juan Carlos Ortiz Calderón, ex director de seguridad del penal del Altiplano; Enrique Angulo Cervera, director del área de tecnología de dicha prisión, y Darío Aurelio Cervantes, encargado de turno del Punto Alfa.
Además, la PGR busca detener al abogado Adán Flores Carreño, quien tramitó diversos juicios a favor de El Chapo, y Germán Valadez Madrigal, quien participó en la logística para trasladar vía aérea al narcotraficante, de Querétaro a Sinaloa.
Los funcionarios del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social consignados son: la ex titular, Celina Oseguera; el ex director del Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, y la ex directora jurídica de la cárcel, Leonor García.
También el oficial de prevención de penitenciarias, Juan Ignacio Cuarenta; el supervisor de seguridad penitenciaria Roberto Cruz Bernal, el comandante Esteban Estrada, quien era oficial de prevención, encargado de la custodia directa del capo al momento de la fuga.
Asimismo, el personal del Centro de Control del Centro de Inteligencia de la Policía Federal y Cisen encarcelado es:
Vicente Flores Hernández, subinspector de enlace operativo, encargado del centro de control al momento de la fuga; Juan Carlos Sánchez García y José Daniel Aureoles Tavares, personal comisionado del Cisen, encargado de monitorear a Guzmán.
Igualmente, Osvaldo Gastón Veytia Rodríguez y Arturo Hernández Hernández, monitoristas en Punto Alfa.
De la Policía Federal, Jaime Galindo Hernández, responsable del turno de monitoreo del centro de control; Luis Alberto Aguilar Morales, monitorista al momento de la fuga, así como los monitoristas Emanuel Galicia Conchillos, Érick García Martínez, Miguel Ángel Flores Mirafuentes, Herminio González Albarrán, Reyes Amir Mota Carrillo, Miguel Ángel Cortés Carrillo y Agustín Jiménez Molina.
En el video se explica la forma en que escapó y fue recapturado el capo, y se específica que la PGR ejecutó 26 órdenes de aprehensión contra 32 personas.
Uno de los consignados, pero que goza de libertad bajo caución, es Calixto Estrada, quien vendió el predio donde se construyó el túnel que conectó con la celda de El Chapo, por donde logró huir el 11 de julio de 2015.
Otros encarcelados son: Rigoberto Martínez Dávalos, comprador del inmueble donde se construyó el túnel y Óscar Manuel Gómez, abogado de Guzmán y coordinador de la fuga.
Los sospechosos que adquirieron y construyeron el túnel son: Manuel Rodolfo Trillo, La Trilladora; Lázaro Araujo, encargado de la construcción de la bodega; Édgar Coronel, cuñado del Guzmán Loera; Héctor Ernesto Carrasco, amigo de Coronel, y Lázaro de Jesús Araujo Juárez.
La PGR también dio los nombres de los pilotos que participaron en la huida del capo: Héctor Ramos Takashima, El Cachimba, piloto de confianza de Guzmán; Romano Lanciani Yáñez, El Chancho; Germán Valadez, El Gordo, y Julio César Takashima.
A su vez, el grupo de élite de la Marina encargado de perseguir al capo, logró detener en Tamazula, Durango, el 8 de octubre de 2015 a Abel Cruz, Érick Salvador Cabanillas, Juan de la Cruz Pérez, Jessica Díaz, Blanca Judith Orona Blanco y Martha Alicia Orona Blanco.
