Abogados de los estados de Washington y Minnesota dijeron a una corte federal de apelaciones que restaurar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que cancela el programa de refugiados y paraliza temporalmente la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana "desataría el caos de nuevo".
Los dos estados presentaron hoy sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, después de que la Casa Blanca dijo que espera que se levante la suspensión temporal sobre el veto migratorio, que afecta a ciudadanos procedentes de Siria, Irak, Irán, Yemen, Somalia, Sudán y Libia.
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Washington y Minnesota dijeron que su caso era fuerte y que la orden nacional que paralizó la aplicación de la norma en todo el país fue apropiada. Según los estados demandantes, si la corte de apelaciones restituye el decreto de Trump el "fallo reintegrará esos daños, separando familias, varando a nuestros estudiantes y profesores universitarios e prohibiendo los viajes".
La rápida iniciativa legal de los dos estados estuvo acompañada de informes de la industria tecnológica que señalaron que las medidas migratorias de Trump dañarán su negocio al dificultar la contratación de empleados. Gigantes tecnológicos como Apple y Google, además de Uber, presentaron sus argumentos ante la corte anoche.
El decreto presidencial se fundamentó en una demanda de seguridad nacional, pero abogados de los dos estados explicaron al tribunal que la medida daña residentes, negocios y universidades y es inconstitucional.
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La próxima oportunidad del equipo del presidente para argumentar en favor de su veto migratorio será en forma de respuesta a la demanda presentada por los dos estados. La corte ya rechazó una petición del Departamento de Justicia para anular de inmediato el fallo de un juez federal en Seattle que suspendió temporalmente la aplicación del veto en todo el país. El departamento debe presentar sus alegaciones antes de las 18:00 horas de hoy, hora Washington.
El fallo que paralizó el decreto presidencial, emitido el viernes pasado, provocó el enfado de Trump en Twitter, donde calificó al juez de distrito James Robart de "supuesto juez" y tachó su decisión de "ridícula".
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El presidente renovó su ataque contra Robart en Twitter ayer: "No puedo creer que un juez ponga a nuestro país en este peligro. Si algo pasa cúlpenle a él y al sistema judicial. La gente está entrando. ¡Mal!". En otro mensaje, el republicado señaló que dio instrucciones al Departamento de Seguridad Nacional para controlar las entradas al país pero que "los tribunales hacen muy difícil el trabajo".
El vicepresidente del país, Mike Pence, dijo también ayer que "no nombramos a jueces en nuestros tribunales de distrito para que conduzcan la política exterior ni tomen decisiones sobre seguridad nacional". Trump había ofrecido un pronóstico optimista el sábado por la noche, cuando durante un fin de semana en su club privado de Florida dijo a reporteros: "Ganaremos. Por la seguridad del país, ganaremos".
En su apelación, el gobierno argumentó ante el tribunal que sólo el presidente tiene autoridad para decidir quién puede ingresar o quedarse en Estados Unidos, una afirmación que parece invocar una batalla más amplia sobre inmigración ilegal.
El Congreso "otorga total discreción al presidente" para imponer condiciones a la entrada de extranjeros y esa autoridad es "en gran medida inmune al control judicial", dijo el documento presentado al tribunal.
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