La Organización de Estados Americanos (OEA) anunció hoy la creación de una misión de combate a la corrupción y la impunidad en Honduras, en una iniciativa que no fue bien recibida por opositores en Tegucigalpa por basarse en un pedido del propio gobierno.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) será presidida por un "jurista de reconocimiento internacional y alto nivel de competencia", a ser designado por la OEA, y tendrá como prioridad el fortalecimiento del aparato judicial hondureño, según documentos distribuidos por la organización.
La MACCIH actuará en diversas áreas, y el aspecto fundamental será establecer un "grupo de reconocidos jueces y fiscales internacionales" para supervisar y apoyar a los órganos hondureños de control en la investigación de delitos de corrupción.
También se propone elaborar un "diagnóstico" sobre la situación del sistema de justicia hondureño, y creará un Observatorio de Justicia, formado por representantes del medio académico y la sociedad civil, para evaluar la marcha de las reformas en el sistema de justicia.
Fuentes diplomáticas en la OEA coincidieron en apuntar que la dirección de esa organización ya inició los sondeos para escoger al jurista que presidirá la misión. La creación de una comisión especial con integrantes extranjeros para investigar la corrupción en Honduras, en los moldes de la que fue creada en Guatemala en 2007, fue una exigencia de numerosas manifestaciones callejeras en el país desde hace varios meses.
Sin embargo, representantes de la llamada Oposición Indignada hondureña rechazaron la MACCIH y en cambio exigieron hoy la creación de una comisión en los moldes de la CICIG guatemalteca, respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ariel Varela, líder del grupo de Indignados, dijo a la AFP que "la propuesta de la OEA está deslegitimada desde un inicio porque es la misma propuesta que hizo el presidente (Juan Orlando) Hernández" para protegerse de las acusaciones en su contra. Honduras, dijo Varela, necesita de una comisión con "plenos poderes" para investigar denuncias de corrupción.
El anuncio de lanzamiento de la MACCIH se realizó en la sede de la OEA, en Washington, con la presencia del presidente Hernández, quien destacó el papel esencial que la misión tendrá en "el fortalecimiento de las instituciones" de su país.
La OEA, dijo el presidente, "ha atendido de manera oportuna y eficaz al llamamiento" formulado por Honduras para ayudar a estructurar lo que consideró "el camino del diálogo constructivo y sin condiciones entre las organizaciones políticas, sociales y económicas del país".
"Es prioridad para Honduras fortalecer nuestro sistema de justicia", apuntó Hernández, para quien la misión permitirá "un tratamiento integral" de los casos de corrupción y de impunidad.
Por lo menos 17 grandes manifestaciones fueron realizadas en Tegucigalpa para pedir la creación de la comisión anticorrupción, al tiempo que 22 manifestantes "Indignados" en julio una huelga de hambre en las inmediaciones de la sede presidencial.
La OEA incluso había seleccionado un enviado especial, el diplomático chileno John Biehl, para facilitar el diálogo entre el gobierno y los manifestantes. Las marchas de protesta en Honduras comenzaron en mayo luego que la fiscalía comprobó que unos 330 millones de dólares fueron saqueados del Seguro Social en los últimos cinco años.
Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Hernández, quien admitió que cerca de 94 mil dólares de ese dinero ingresaron al equipo de campaña que lo llevó al poder. En el caso guatemalteco, las investigaciones realizadas por la comisión anticorrupción y la fiscalía local condujeron a la renuncia del presidente Otto Pérez.
En Honduras, más de un 90 % de los homicidios quedan sin resolver y el país se encuentra en el puesto 126 del ránking de corrupción de Transparencia Internacional, algo que también está detrás de la falta de oportunidades y la violencia que ha llevado a cientos de miles de hondureños a abandonar el país en los últimos años.
El presidente hondureño reconoció en la sede de la OEA tras reunirse con el secretario general de la organización, Luis Almagro, la "inusitada incidencia de prácticas corruptas que van en perjuicio de los ciudadanos" que generan desconfianzas y que amenazan la gobernabilidad y la democracia.
Hernández, que sustituyó a Porfirio Lobo al frente del Gobierno en enero de 2014, aseguró en una conferencia posterior en el centro de estudio Brookings Institution que "el país está cambiando y va por el buen camino".
La propuesta de misión de la OEA, solicitada por Honduras, incluye el apoyo de juristas expertos para avanzar en la lucha contra la corrupción, dar apoyo a las instituciones, proponer reformas al sistema de justicia y fortalecer los mecanismos de responsabilidad ante la sociedad civil.
Almagro aseguró que la corrupción es "uno de los grandes flagelos de la gobernabilidad democrática", y peor que esta es la impunidad que erosiona la confianza del pueblo en las instituciones.
Esa desconfianza y quejas de corrupción forzaron este mes a la dimisión del ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, imputado por un supuesto caso de fraude, y fueron unos de los desencadenantes de la salida, en un golpe de estado, del ex presidente hondureño Manuel Zelaya, en 2009, investigado por corrupción.
Hernández dijo no ser "responsable de lo que ocurrió en el pasado" y aseguró que está determinado a dar al país una nueva dirección, algo para lo que espera contar con los fondos que el Congreso de EU prevé aprobar en unos días y que incluiría 675 millones para el Plan Alianza para la Prosperidad.
Estos fondos, por debajo de los mil millones de dólares propuestos por el presidente Barack Obama, están destinados a los tres países del Triángulo Norte -Honduras, El Salvador y Guatemala-, con el objetivo de actuar en las raíces de las causas de la inmigración, que el verano de 2014 llevó a decenas de miles de menores sin acompañante a ingresar ilegalmente en EU.
Hernández confesó que esa crisis de menores sin acompañar que desbordó la capacidad de EU y generó una crisis humanitaria "fue una bofetada para todos nosotros" y apuntó que la falta de oportunidades y la violencia están detrás de ese éxodo.
El presidente hondureño prometió que va a trabajar para que "la gente quiera quedarse" y dar la vuelta a un sistema "que ha estremecido los cimientos de la democracia".
Para ello ha iniciado un diálogo nacional con actores sociales para definir planes que incluirán la mejora de la protección de periodistas, jueces y fiscales, una reforma a la ley de financiación de partidos o medidas de prevención de la corrupción en el sector privado, así como más transparencia pública.
Hernández destacó los avances en la lucha contra escándalos de corrupción como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que sufrió un desfalco de 350 millones de dólares, y la lucha contra el narcotráfico que, dijo, "es un asunto de vida o muerte, no solo de salud pública" en el país, y uno de los principales elementos corrosivos de las instituciones.
