Miles de personas se manifestaron en varias ciudades de España en contra del referendo de independencia previsto para hoy en Cataluña, al que el presidente regional no piensa renunciar a pesar de la oposición de Madrid.
Enzarzado desde hace años en un conflicto creciente con el gobierno nacional del conservador Mariano Rajoy, el ejecutivo de esta rica región del noreste de España está decidido a celebrar hoy esta consulta prohibida por el Tribunal Constitucional español.
El domingo, “lo que no va a pasar es que nos vamos a ir a casa y vamos a renunciar a nuestros derechos”, afirmó ayer el presidente regional Carles Puigdemont en una entrevista a la agencia francesa de noticias AFP.
Unas horas después, miles de personas con banderas españolas salieron a las calles de Barcelona y de otras ciudades del país ibérico para mostrar su rechazo contra este proyecto que mantiene divididos a los 7.5 millones de catalanes.
“Catalonia is Spain (Cataluña es España)” o “Nosotros también somos catalanes”, cantaban bajo la lluvia en el centro de Barcelona.
En Madrid, Valladolid, Santander, Sevilla o Valencia también llovían críticas al nacionalismo catalán además de alguna que otra al gobierno de Rajoy.
Las relaciones entre ambos ejecutivos son casi nulas desde que Puigdemont decidió convocar este referendo sabiendo que el Tribunal Constitucional lo juzga ilegal.
Los sondeos muestran que los catalanes están divididos sobre la independencia: 41.1% por ciento a favor y 49.4 por ciento en contra, según el último sondeo del gobierno catalán publicado en julio pasado.
Pero también, que más del 70 por ciento de la población quiere que la cuestión se decida en un referendo legal.
“Si el Estado español hoy dice vamos a acordar un referendo (...) Vamos a para esto”, afirmó a la AFP Puigdemont, dispuesto a cancelar su propia consulta.
Pero si no fuera así, “el gobierno (catalán) lo ha dispuesto todo para que pueda desarrollarse en total normalidad”, remató.
Su ejecutivo dice disponer de un censo de 5.3 millones de personas que podrían votar en los 2,315 circuitos electorales repartidos por toda la región.
En un esfuerzo por desmantelar la logística de un plebiscito prohibido, la justicia española ordenó el cierre de escuelas, centros cívicos y otros locales designados para acoger la votación.
La instrucción iba dirigida a la policía catalana, dependiente del gobierno independentista regional, que tiene órdenes de sus comandos de no aplicar la violencia para desalojar los colegios.
Aún así, el gobierno español cuenta con miles de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para impedir la votación.
Este último cuerpo bloqueó ayer las conexiones telemáticas de los centros de votación, los sistemas informáticos de recuento y un sistema que hubiese permitido “una votación online mediante una web”, informó el delegado del gobierno español en Barcelona Enric Millo.
Desde la tarde del viernes, numerosos vecinos ocuparon escuelas y otros espacios designados para la votación, con la intención de mantenerlos abiertos hasta las 09:00 locales de hoy, cuando está programada inicie la votación.
Pero según el ministerio del Interior, “la mayor parte de ellos están cerrados”.
OPOSITOR PREVÉ “FRACASO Y UN RIDÍCULO INTERNACIONAL”
Mariano Gomà, presidente de la entidad antiindependentista Sociedad Civil Catalana (SCC), aseguró que el referendo unilateral sobre la secesión convocado por el gobierno de Cataluña, será “un fracaso y un ridículo internacional”.
Cerca de la fecha fijada para la consulta, prohibida por el tribunal constitucional a instancias de un recurso interpuesto por el gobierno español de Mariano Rajoy, Gomà descartó una declaración unilateral de independencia en los próximos días.
“Creo que no se atreverán porque sería un ridículo mayor todavía. Quedaría anulada de inmediato por tribunales y el que la haga sería detenido”, explicó en Barcelona. Gomà reprueba que las entidades civiles que durante los últimos años impulsaron el secesionismo en Cataluña digan a pocas horas del referendo que están dispuestos a suspenderlo si el gobierno español ofrece una consulta acordada. Culpó enfáticamente a la ANC (Asamblea Nacional Catalana).
También consideró que es “una provocación” la ocupación de colegios por parte de grupos de independentistas para evitar su precinto policial. Denunció un “acoso” por parte del separatismo.
