La oficial Katia Sastre iba caminando para acompañar a su hija de 7 años a la escuela en Suzano, una ciudad cerca de Sao Paulo con altos índices de violencia, cuando vio a un joven apuntar con su pistola a un grupo de padres cerca de la entrada del colegio en su día libre.
Inmediatamente sacó su propia pistola calibre 38 que llevaba en su cartera y mató con tres balazos al asaltante. El suceso ocurrido en mayo de 2018 catapultó a Sastre a la fama como activista a favor de la tenencia de armas.
Obtuvo condecoraciones del gobierno, se convirtió en una favorita de las redes sociales y se postuló al Congreso en medio del ánimo nacional derechista que llevó a la presidencia a Jair Bolsonaro, hasta entonces un legislador poco conocido con opiniones favorables a la posesión libre de armas.
Sastre, ahora como legisladora, respalda las gestiones de Bolsonaro de darle un arma a todo ciudadano que la desee, y resta importancia a las inquietudes de expertos con respecto a los cuatro decretos emitidos recientemente por el mandatario sobre el comercio de pistolas. Las nuevas normas entrarán en vigencia el mes entrante, a menos que haya una intervención del Congreso o de los tribunales.
“Los brasileños quieren sentirse seguros en su autodefensa porque se sienten inseguros ahora, debido a la delincuencia”, expresó Sastre a la agencia AP, culpando a una ley de desarme del 2003 por una ola de violencia que dejó más de 65 mil muertes en el 2017. “Las pistolas usadas en esos asesinatos no estaban en manos de ciudadanos, provenían ilegalmente de traficantes y criminales”, insistió.
Sastre está en la minoría, pues unas tres cuartas partes de la población desea leyes más estrictas sobre la tenencia de armas, según las encuestas más recientes. Aun así, la propuesta de Bolsonaro es una de sus máximas prioridades, aun en medio de una pandemia de covid-19 que deja en promedio mil 800 muertes por días.
Activistas contra las armas, un ex ministro de defensa y numerosos comandantes policiales, incluyendo un ex secretario de seguridad nacional, advierten que las nuevas normas sólo producirán más violencia y muertes.
Los dos decretos más controversiales permiten que cada brasileño tenga seis armas, en vez de cuatro, y que pueda llevar dos de ellas pública y simultáneamente. Los policías, que son fuertes partidarios del mandatario, tendrán permitido usar ocho armas.
El Supremo Tribunal Federal deberá decidir en las próximas semanas sobre la primera de por lo menos 10 demandas contra los decretos presidenciales. Ilona Szabó, director del Instituto Igarape, un centro que se dedica al estudio de la violencia en Río de Janeiro, ha estado haciendo campaña en contra de las intenciones de Bolsonaro.
Cuando fue nombrada a un consejo nacional de seguridad, fue víctima de un diluvio de amenazas por parte de fanáticos de Bolsonaro y tuvo que huir del país. Desde el extranjero, exhorta al Congreso y a la Corte Suprema a anular las medidas del mandatario.
dmr
